La CIA en México: el accionar ilegal que emerge de las sombras

Para esta crónica tomaremos dos países de Sudamérica y uno de Norteamérica.  Uruguay y Ecuador, en América del Sur, México en Norteamérica.

En Uruguay acontece la película de Costa Gavras Estado de Sitio.  Transcurre en los años 69-70 en Uruguay y relata el hecho cierto del agente de la CIA, Dan Mitrione, secuestrado y asesinado por los Tupamaros en Montevideo, en vísperas del golpe de estado que terminó con la más sólida democracia de América del Sur. Mitrione llegó a Uruguay con la falsa tarea de modernizar la policía uruguaya, como ayuda de Estados Unidos a través de la USAID. Su verdadera tarea era sofisticar los escuadrones de la muerte creados por Estados Unidos en Uruguay y adiestrar a la policía y el ejército en técnicas de tortura. Su enseñanza era “el dolor preciso, en el lugar preciso, en la cantidad precisa”. Tan elemental como criminal.

Estado de Sitio es un trihller magnífico. El secuestro de Mitrione es una acción política de los Tupamaros. Piden a cambio liberar presos políticos. El gobierno se niega y Mitrione es asesinado. El gobierno uruguayo declara el estado de sitio, suspende las garantías constitucionales y reprime con dureza cualquier señal de protesta social. Es la antesala de la feroz dictadura uruguaya. La película de Costa Gavras se prohibió en Uruguay hasta 1985 cuando termino la dictadura 

En Ecuador el mejor ensayo de la actuación de la CIA en la desestabilización democrática que termino con el derrocamiento del presidente Carlos Julio Arosemena y la instauración de la dictadura militar de 1963 es el libro del jefe de la estación Philip Agee Inside the company. Hay también unos manuscritos de Jaime Galarza publicados por la UNAM en México, con una entrevista de Galarza a Agee , cuando este ya residía en Cuba después de romper con la CIA.

El argumento principal de la CIA era impedir la expansión del castro-comunismo en Latinoamérica con la falsa teoría del dominó. Si cae un país, se desplomarán los países vecinos. Mirada desde la perspectiva de las ciencias sociales, esa teoría es falsa. Cada pueblo tiene su historia, por pequeño que sea su territorio. Y es esa historia la tejen sus coyunturas políticas. México es un ejemplo de la falsedad de esa teoría del dominó. Desde 2018 en México gobierna una coalición de izquierdas. Y en Estados Unidos han gobernado gobiernos injerencistas de derecha: Donald Trump, Joe Biden y Donald Trump por segunda ocasión. México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más extensas del mundo. Esa frontera la comparten países con gobiernos de derecha y de izquierda sin que ninguno caiga, como sugiere la teoría del dominó.

Por su cercanía geográfica y su importancia internacional, México ha sido siempre el asiento de una de las estaciones más grandes de la CIA. Esta nunca deja de operar con agentes estadounidenses encubiertos y mexicanos; políticos, periodistas, empresarios, Intelectuales.

Hay ensayos famosos como Nuestro hombre en México, de Jefferson Morley, que señala como la CIA reclutó altas figuras en el siglo XX, incluyendo tres expresidentes de la época de la hegemonía del PRI. Esta el ensayo de Sergio Aguayo La CIA en México. También la recopilación de diez años de artículos de Manuel Buendía, que fue asesinado y legó su libro que también se llama La CIA en México.

En el siglo XX las actividades de la CIA en Latinoamérica eran fundamentalmente anticomunistas y contrarias a cualquier gobierno que no concordara con los objetivos de la política exterior de Estados Unidos en el hemisferio. En el siglo XXI el principal pretexto de la CIA para intervenir en los asuntos de Latinoamérica son el narcotráfico y el terrorismo, inscritos en la agenda imperial como “las nuevas amenazas”.

Recientemente en México, en el estado de Chihuahua, se descubrió por un trágico accidente de tránsito que en esa entidad federativa operaban agentes de la CIA con agentes de la fiscalía del estado de Chihuahua, con el acuerdo explícito de la gobernadora de ese estado, la panita María Eugenia Campos Galván.

Es parte de la historia de México el contubernio de la derecha del país con potencias extranjeras. Fueron esos sectores los que solicitaron a Europa el envío de un emperador extranjero para gobernar el país. Así llegó Maximiliano, derrocado y fusilado por orden de Benito Juárez después de la batalla de Puebla contra las fuerzas francesas que lo sostenía en su puesto de emperador de México. Películas sobre Maximiliano hay varias. Y una gran novela del jalisciense Fernando del Passo Noticias del imperio.

Las tradiciones extranjerizantes de la derecha mexicana que sobreviven hoy tienen dos obstáculos muy grandes. Uno es la conciencia nacionalista del pueblo de México forjada desde 1917 cuando se constitucionalizó la revolución mexicana. El otro es la legalidad que en la Constitución y en la Ley de Seguridad tipifican como traición a la patria los contubernios con agentes extranjeros.

Ante los acontecimientos de Chihuahua, la CIA en el gobierno de Trump ha urdido una acusación contra un gobernador en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras autoridades de filiación de Morena. El ejecutor de la maniobra es un fiscal del sur de Nueva York. La operación deja muchos interrogantes.

¿Por qué se producen las acusaciones del fiscal pocos días después del affaire de la CIA en Chihuahua? ¿Por qué no se presentan pruebas fehacientes de esas acusaciones? Parece una réplica del relato mentirosos del cartel de los soles que la fiscalía de Estados Unidos retiró después del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. El objetivo del relato mentiroso se había cumplido y la mentira podía se echada al tacho de basura.

¿Por qué no se tramitaron esas denuncias como reza la Convención Internacional contra el narcotráfico, a través de la cancillería? ¿Por qué hizo declaraciones el embajador trumpista irrespetando las más elementales normas del debido proceso y de las relaciones entre estados soberanos?

México ha reaccionado con serena firmeza. Ha rechazado las acciones del embajador por torpemente injerencistas. Ha entregado a la fiscalía mexicana los dos casos: el de la gobernadora panista y el del gobernador morenista de Sinaloa. Este último ha tenido el gesto correcto de pedir licencia para que la fiscalía lo investigue sin ningún fuero. La gobernadora panista no ha repetido ese gesto. 

En el asunto del gobernador morenista de Sinaloa parece tener vigencia el dicho “el que nada ha hecho nada teme”.  En el caso de la gobernadora panista de Chihuahua parece evocarse un apotegma jurídico “a confesión de parte relevo de pruebas “

El tema está en las instancias jurídicas mexicanas. Y esos procesos suelen ser de larga duración. Lo que es de repercusión inmediata es el torpe injerencismo del gobierno de Estados Unidos. Y el patético contubernio del trumpismo con la oposición política mexicana.