La Ciudad remató un edificio público donde miles de familias reclamaban un jardín maternal

“Llámese a subasta pública simple y electrónica para la enajenación del bien inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado como Avenida Corrientes N°5379”, de esta manera en 2021, el gobierno porteño publicó en la resolución Nº 14/SSABI/21 el remate de un edificio público, donde funciona la Dirección General de Seguridad Privada y Custodia de Bienes. Desde entonces, la subasta de ese edificio fue resistida por vecinos y vecinas del barrio de Villa Crespo, porque en ese lugar pedían la construcción de un jardín de infantes maternal para niñas y niños de 45 días hasta 5 años de edad. Por este tema, hasta el propio Rodríguez Larreta fue denunciado por querer vender de manera ilegal el inmueble público, la justicia puso en suspenso el remate por un tiempo, pero, finalmente, el viernes pasado, la Ciudad se despojó del edificio de 1232m2 a un precio muy menor de lo que estipula el mercado: a menos de 1.400 dólares el m2. En los últimos años, la administración porteña pasó a manos privadas varios edificios públicos de la Ciudad.

Familias de la Comuna 15 del barrio de Villa Crespo, hace más de 14 años reclaman que en ese edificio se construya un Jardín de Infantes Maternal, un reclamo histórico que comenzó cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno porteño. Pese a ello, tanto Macri como el actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ignoraron cada uno de los reclamos y, en dos oportunidades (2012 y 2018), se negaron a debatir en la Legislatura proyectos de ley para que en ese inmueble se construyera el edificio escolar. El reclamo no es en vano: en Villa Crespo viven 100.000 personas y no hay ningún establecimiento de educación pública con esas características.

En 2021, la diputada nacional Paula Penacca, la legisladora porteña mandato cumplido Lorena Pokoik, y el comunero de la 15, Leonardo Lucchese, denunciaron penalmente al Jefe de Gobierno por esta situación. Los dirigentes del Frente de Todos sostienen que es ilegal la subasta, porque “en el inmueble que se declara ocioso, actualmente funciona como base operativa del Ministerio de Seguridad Porteño, y como se indica en la Resolución N° 14/SSABI/21, aún después de su remate será necesario alquilárselo al adquirente en subasta por al menos un año más. Si a eso le sumamos que existe en el barrio de Villa Crespo una imperiosa necesidad de construir un jardín de infantes maternal, ello evidencia que su declaración de inmueble innecesario es mendaz, pues el edificio tiene una función específica y una posible o potencial utilidad para el funcionamiento de establecimiento educativo, ya que sería el único espacio que el gobierno local dispondría en la comuna para remediar el déficit de vacantes en el nivel inicial”.

La primera subasta tenía un precio base de casi 3 millones de dólares como lo establece en su artículo 3º la resolución publicada en el Boletín Oficial: “Establécese como precio base para la enajenación del inmueble al que refiere el artículo 1° de la presente la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 65/100 (USD 2.789.582,65)”, detalla el documento. Como denuncia el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que conduce Jonatan Baldiviezo. “Pese a que el 1º llamado a subasta, en 2021, tuvo un precio Base de casi 3 millones de dólares, fue rematado por 1,7 millones, 43% menos del valor base original”.

Remates a precio de amigo

En diciembre pasado, la empresa IRSA que preside Eduardo Elsztain, se quedó con el edificio público donde funciona actualmente la UniCABA. El empresario pagó US$ 7.714.000 por el inmueble de 13.700 m2 ubicado en Paseo Colón 245, es decir, menos de 600 dólares el m2, como señala la Resolución N° 20/SSABI/23, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. Pero no es la primera vez que IRSA se queda con un edificio público. En febrero de 2022, se apoderó del edificio ubicado en Coronel Díaz y Beruti, frente al Alto Palermo, donde funciona todavía una sede del Poder Judicial y el Registro Civil de la Comuna 14. La empresa pagó una suma de US$ 20,11 millones.

En enero de este año, Tiempo adelantó la intención del jefe de gobierno porteño para desprenderse de otro edificio público. Se trata del inmueble ubicado en Perón 3200 en el barrio de Balvanera, de 1230 m2 que finalmente fue rematado en febrero pasado. Em ese lugar, actualmente funcionan varias dependencias del ejecutivo porteño. El ofrecimiento original era entregarlo a 813 dólares por metros cuadrado, cuando el promedio en dólares por m2 en la zona ronda los US$ 1800, pero finalmente este martes lo subastó a poco más de 2 millones de dólares.

Según un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), desde que comenzó la pandemia el GCBA “intentó rematar 87 inmuebles públicos”, de los cuales ya vendió más de 70. Entre los lotes rematados se encuentran los edificios donde funcionaban la Secretaría de Tercera Edad y el Servicio Zonal N°12, y un predio donado a la Escuela N°3 del Distrito Escolar N°10, que tuvieron. “Esos predios en conjunto, implican más de 18.400 metros cuadrados de edificios y 1,3 hectáreas de terrenos públicos que pasaron a manos privadas, por las cuales el GCBA embolsó más de 85 millones de dólares que usará a discreción”.