Así lo ordenó una jueza, que le recordó al gobierno de Rodríguez Larreta que estaba vigente una cautelar que prohíbe el despido de estos trabajadores.
En el marco de la causa iniciada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) capitalina, la jueza de feria 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, resolvió declarar el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los términos de la medida cautelar ordenada el 1° de noviembre de 2019 por su colega, Patricia López Vergara, indicó el sitio I-judical.
La asociación gremial interpuso acción de amparo contra el Ejecutivo local con el objeto de que «se otorgue estabilidad al personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires» y que «se abstenga de disponer cualquier acto administrativo o vía de hecho que implique la desvinculación del personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se disponga la inmediata contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) para aquellos agentes que a la fecha no tengan».
Sin embargo, el 2 de enero el gobierno despidió alrededor de 100 agentes de tránsito alegando que «las contrataciones de los agentes desvinculados ‘han fenecido por cumplimiento de plazo’» y sostuvo que «las nuevas contrataciones celebradas se han ajustado a las necesidades de servicio que han sido evaluadas por el gestor del interés público’ obedecen a una disminución de las necesidades del servicio y a una modificación de las responsabilidades de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y seguridad Vial (Decreto 463-AJG/19), circunstancias que ‘no hicieron necesaria operativamente la renovación de la totalidad de los contratados'».
La jueza indicó en su resolución que «el GCBA en su planteo no hace otra cosa que exponer una serie de artilugios con la que pretende fundamentar la desvinculación de los trabajadores comprendidos en la medida cautelar; pero con ello ratifica que efectivamente se incumplió con la manda judicial cautelar dictada» y ordenó al Ejecutivo porteño, en un plazo de cinco días, cumplir la manda cautelar.
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