La coartada del presidente inútil

Exprimir los recursos del país hasta la última gota y más allá tomando deuda a destajo. Ampliar el «ejército de reserva» de desempleados y pobres para abaratar «costos laborales». Violentar el principio de inocencia para perseguir y debilitar a opositores. Empoderar a la policía para ejercer control social. A dos meses de finalizar su primer -y probablemente único- mandato, el modelo de Mauricio Macri quedó expuesto en toda su magnitud. 

La pobreza récord es la consecuencia más cruel y urgente del modelo macrista, pero el campo minado se extiende a todas las áreas de la gestión. La crisis de deuda en curso, por caso, tiene efectos macroeconómicos en el presente, pero sobre todo limita al gobierno por venir, cuyo primer desafío será estirar lo más posible el asfixiante corsé del FMI y los especuladores globales beneficiados por la alianza PRO-UCR-Carrió.

El saqueo de la Argentina implicó un feroz proceso de endeudamiento que puso al país en un nuevo escenario de default. El “reperfilamiento” dispuesto por el Ejecutivo sobre algunos instrumentos financieros fue el anticipo de una reestructuración a gran escala, que los operadores financieros descuentan, como lo expresa el riesgo país, que el viernes cerró en 2190 puntos.

La renegociación con los acreedores será una prioridad para el gobierno que viene. Pero los detalles del acuerdo recién podrán definirse cuando Alberto Fernández -si finalmente resulta electo- tome posesión del sillón presidencial. Hasta entonces, la botonera estará en manos de Macri, quien esta semana decidió exprimir las reservas para financiar la fuga de divisas con la excusa de mantener a raya al dólar, que en la Argentina se sinónimo de gobernabilidad.

El manotazo a los U$S 7.200 millones de “reservas precautorias” que el FMI otorgó como respaldo de última instancia obliga a rehacer los números iniciales del próximo gobierno. Hasta la semana que pasó, el equipo de economistas del Frente de Todos, que lidera Matías Kulfas, proyectaba iniciar su mandato con unos 37 mil millones de reservas brutas, casi diez mil millones menos de lo que hoy atesora el BCRA. La cuenta surgió de un escenario de “tensión moderada”, con intervenciones cambiarias por US$100 y retiros de US$50 millones al día, más vencimientos en moneda extranjera con privados por US$2.595 millones hasta fin de año. 

El uso de fondos “intocables”, sin embargo, disparó alarmas en el búnker albertista. La razón: creen que las reservas se irán por la canaleta de la fuga de divisas, tabicada para los pequeños ahorristas, pero que fluye torrentosa con martingalas de apodos simpáticos como “rulo” y “contado con liqui”.

El uso y abuso de la deuda para financiar ganancias financieras detonó el ciclo de devaluación, inflación y altas tasas de interés que derrumbó a la Argentina productiva. En especial a pymes de servicios e industria, que se nutren del consumo interno y generan 7 de cada 10 empleos.

La destrucción del salario fue parte constitutiva de la política oficial. El propio presidente avisó que los sueldos eran parte de los «costos laborales» que se propuso reducir. La consecuencia de esa política fue el derrumbe del consumo y, por consiguiente, del empleo, que esta semana sumó postales desgarradores, como las tres cuadras de personas bajo la lluvia haciendo fila para entregar sus currículum en una fábrica de hielo que tomará doce personas en Bernal.

El crecimiento del desempleo y la pobreza es consecuencia directa del latrocinio que el macrismo ejecutó mientras impostaba una impostada «cruzada anticorrupción». 

Signados por la sugestión mediática y la justicia cloacal, varios de los expedientes que involucran a ex funcionarios K se desmoronan junto al gobierno que los promovió. ¿El reacomodamiento político de jueces y fiscales alcanzará para evitar la profunda depuración de la ciénaga judicial?  Por lo pronto, perpetradores como Martín Irurzun, Germán Moldes y Claudio Bonadio aprontan sus jubilación. Se curan en salud: la eventual investigación de sus acciones podría dejar al descubierto el submundo de las operaciones judiciales y -no menos importante- podría privarlos de un retiro bien regado.

La utilización de los tribunales para estigmatizar y perseguir opositores políticos operó en espejo al uso de las fuerzas de seguridad para aplicar el control social. El intento de disciplinamiento de los sectores vulnerables inició con la feroz represión a una murga, siguió con la «doctrina Chocobar», y acaba de anotar su hito más patético: el plan «Ofensores en trenes», que legaliza el hostigamiento policial con la excusa de exigir la exhibición del DNI.

Desesperado por consolidar el voto propio, el gobierno profundiza el empoderamiento policial, uno de los explosivos más delicados que recibirá la próxima gestión. La experiencia local y regional demuestra que el autogobierno policial, además de administrar el delito en beneficio propio, es un riesgo para la estabilidad institucional. 

Nada de lo que que ocurrió y ocurre es obra de la fatalidad. Con mayor o menor pericia, el macrismo ejecutó el programa de gobierno que había diseñado para “transformar” a la Argentina en una meritocracia con reminiscencia neoliberal. 

En su ocaso, aliados y cómplices del régimen intentan deslindar responsabilidades en la figura del presidente, a quien presentan poco menos que como un incapaz. El viejo truco de echar lastre para salvar el modelo que el Sistema de Poder y Negocios aún se propone aplicar, como lo demuestra el pliego de condiciones que el Círculo Rojo le extendió a Fernández. Reforma laboral, reducción de impuestos y protección cambiaria, entre otros beneficios, forman parte del menú recalentado que se presenta bajo una consigna inapelable: «Es lo que hay que hacer», dicen. Un engaño repetido, y con buena prensa, disfrazado de sentido común.