El organismo bonaerense pidió la recusación al juez que investiga la desaparición forzada. Se sumó así a los pedidos de la familia del joven artesano y de otros organismos de derechos humanos.
La CPM planteó la recusación del juez federal al considerar que «actuó con prejuzgamiento, violando el principio de legalidad y parcialidad», explicaron desde el organismo. En el escrito judicial, los abogados del organismo resaltaron la enemistad del juez con los querellantes: la esencia de sus dichos está marcada por un indiscutible encono que no encuentra asidero en la participación de los organismos querellantes, subestimando, horadando públicamente la acción de éstos lo que se traduce sin más en un intento de desprestigio de instituciones de reconocida trayectoria en la materia.
En la entrevista con el diario La Nación, Otranto criticó al CELS, APDH y la CPM, los tres organismos querellantes en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado y los acusó, entre otras cosas, de estar «más interesadas en cuestionar la investigación que en colaborar».
Por eso y por las «deficiencias en la investigación y la imparcialidad y prejuzgamiento que expuso públicamente» pidieron que Otranto sea apartado de la causa y apoyó el pedido de la familia que hoy participó de la audiencia de recusación en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
En un comunicado, la CPM denunció que el juez federal de Esquel no demostró vocación por avanzar en la línea de investigación que apunta a la responsabilidad de Gendarmería en el hecho, tal como denunció la comunidad y evidenció el gobierno al sembrar pistas falsas, sino que tal como dijo en la entrevista descree de esa versión y adelantó que cree que el joven se ahogó.
También denunciaron que el juez demoró la orden de medidas de pruebas como el peritaje sobre las armas y sistemas de comunicación de Gendarmería, y que se negó a citar a declarar al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, aun cuando se supo que estuvo presente en Esquel, dirigiendo el operativo del 1 de agosto que terminó con la desaparición de Santiago.
«Estas acciones y omisiones no hacen más que entorpecer y desviar la investigación. En una causa de la importancia institucional que implica este hecho, son inadmisibles las deficiencias que ha mostrado el juez Otranto», denunció el organismo. y señaló que la síntesis de su labor fue «la irresponsable nota que brindó al diario La Nación donde afirmó: «la hipótesis de que Santiago Maldonado se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonable’. ´
En esa entrevista, publicada el domingo pasado, el juez también exculpó a la fuerza federal de seguridad: No le encuentro consistencia a la versión de que fue capturado por la Gendarmería. Tampoco veo elementos que me permitan sostener que pudo haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra, por uno o más gendarmes».
«Santiago Maldonado no se ahogó. Una vez más, las pruebas no hacen más que fortalecer la hipótesis principal: la desaparición forzada y la responsabilidad de Gendarmería», concluyó la CPM.
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