El Ministerio de Energía prefirió comprarle a Shell del país trasandino, antes que a Bolivia, que ofrecía mejores precios.
A partir de una denuncia del diputado nacional Martín Doñate, el caso está en manos del juez federal Luis Rodríguez y del fiscal Carlos Stornelli luego de que la petrolera (donde el ministro es accionista) ganara licitaciones millonarias y se beneficiara también por la importación nacional de gas desde Chile, donde participa una subsidiaria de Shell. La operación de compra de gas trasandino fue activada por decisión de Aranguren, aunque el gobierno boliviano jamás informó que no estaba en condiciones de proveer el combustible. Aún así, el ex funcionario de Shell intervino brutalmente en la matriz energética y reanudó operaciones de compra del hidrocarburo por el doble del valor pagado a Bolivia. Según argumentó el ministro los envíos altiplánicos resultaron insuficientes, pero fuentes del gobierno de La Paz sostienen lo contrario y argumentan que jamás advirtieron la existencia de inconvenientes para la provisión de gas. Tan grande es la controversia por el gas que Chile compra a otros países y que ahora le revende a la Argentina, que las oficinas de Aranguren ya fueron allanadas por la Policía Federal en un «requerimiento de documentación» que busca indagar las consecuencias para el Estado del doble rol del ex titular de Shell que ahora tiene el timón de la cartera energética.
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