La delegación argentina en Bolivia denunció y documentó graves violaciones a los Derechos Humanos

El informe de la delegación Argentina en Solidaridad con el pueblo boliviano presentó el informe elaborado en ese país, en el que denuncia “numerosas de violaciones a los derechos humanos”. Por la persecución política y el hostigamiento que registraron concluyen que “no quedan dudas de que hoy en Bolivia gobierna una dictadura”. Los testimonios que tomaron dan cuenta de uso de fuerza indiscriminada, ausencia de investigaciones posterior a las represiones, imputaciones fraguadas, torturas y abusos a niños, niñas y adolescentes, violación de mujeres, detención de menores, entre otros abusos.

“Se registraron denuncias de clara persecución política, pero también de crueldades que van más allá de cualquier ideología”, reportó la delegación integrada por Juan Grabois (CTEP), Daniel Catalano (ATE), Agustín Lecchi (Sipreba), Roberto Carlés, Pablo Pimentel y Mauricio Rojas (APDH), Victoria Freire (Observatorio de Género y Políticas Públicas de la Ciudad), Daniel Catalano (ATE), Marianela Navarro (FOL), Luis Arias, entre otros. El primer informe menciona que “numerosos testigos han denunciado torturas a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores», y que “entre los casos recepcionados se han recolectado testimonios que refieren haber encontrado dos cuerpos de mujeres violadas y atacadas sexualmente en vida, y luego de su muerte. Asimismo, existen testimonios que refieren haber visto cuerpos mutilados y desmembrados”.

“Hay mucha conmoción en la delegación por la situación de hostigamiento que están viviendo nuestros hermanos bolivianos, no quedan dudas de que hoy en Bolivia gobierna una dictadura y que quienes más están sufriendo sus consecuencias son los sectores populares. Una pequeña muestra de esto se refleja en que tenemos muchas fotos para mostrar el trabajo realizado, pero el miedo a las represalias hacia quienes denunciaron nos limita en su publicación”, explica la delegación en un texto publicado en redes sociales.

La delegación -que sufre un permanente hostigamiento del gobierno de facto, «anden con cuidado, los estamos vigilando», los amenazó el ministro de Gobierno de facto- se hizo presente en la iglesia San francisco de Asis en la localidad de Senkata, y desde allí luego de múltiples entrevistas elaboraron u documento de 21 puntos donde muestran la grave situación que vive la población civil luego del golpe de Estado.

El informe relata que la delegación tenía prevista una entrevista con la senadora por Chuquisaca María Elizabeth Oporto Balboa, que se encuentra en huelga de hambre, “pero un grupo de choque no permitió que la delegación ingrese al lugar del encuentro”. Además da cuenta de “amenazas a los abogados particulares” de las víctimas, y que «las defensorías públicas no están cumpliendo su función y son perseguidos penalmente por falsos delitos», y que “en particular hay tres niños y adolescentes con capacidades especiales que están detenidos ilegalmente”.

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El documento releva casos de heridos alojados en sus casas frente al peligro de la detención y la no atención correspondiente en hospitales y clínicas por eso “están sobrellevando esta penosa situación con total desamparo”. Además, en muchos casos “se ha negado la atención médica de emergencia en razón de su ideología política en tanto fue sistemático el incendio de casas de dirigentes identificados con el MAS, y líderes políticos populares”, sostienen entre varios otros puntos.

La delegación permanecerá trabajando en Bolivia hasta el domingo 1 de diciembre, pero su informe es consistente con los de otros organismos. La situación en Bolivia sigue siendo grave y más allá del llamado a comicios generales acordado entre las fuerzas parlamentarias, el informe muestra que “es fundamental la presencia de organismos de derechos humanos en el país para que el pueblo boliviano tenga algún canal de expresión para las atrocidades que están viviendo”.