La estrategia del gobierno para fragmentar al establishment

En el gobierno nacional analizan que las propuestas que hicieron los acreedores este viernes constituyen un primer resultado producto de la estrategia que se trazó Martín Guzmán para renegociar la voluminosa deuda que tomó Mauricio Macri durante su gobierno. El ministro imprimió su estilo cauteloso a las negociaciones con los poderosos fondos de inversión que, tras un primer momento de dureza extrema, tuvieron que volver a barajar y dar de nuevo. En ese contexto, la Rosada plantea políticas diferenciadas para los distintos sectores empresarios nacionales con el objetivo de evitar un abroquelamiento con el establishment que termine perjudicando al país en medio de la negociación de su deuda soberana.

El fondo de inversión BlackRock presentó su oferta de reestructuración de la deuda externa ante Economía. Se trata de una oferta del Grupo Argentina Ad Hoc, integrado también por Ashmore, y Fidelity, entre otros, y poseen más del 25% de la deuda emitida durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo mismo hicieron otros dos grupos de bonistas: el Comité de Acreedores de la Argentina, liderado por Greylock Capital, y el Grupo Ad Hoc de Bonistas del Canje de la Argentina.

Fuentes de Economía evalúan que hay un cambio de tono en las negociaciones que dio como resultado esta nueva presentación por parte de los acreedores. “Ha habido avances”, destacan, y adelantan que es un buen paso para “seguir conversando”. A su vez, ponderan que es una buena señal que, en particular BlackRock, el fondo de inversión más agresivo, haya cambiado su primera hostil oferta y haya continuado con las negociaciones. A su vez evalúan que las operaciones mediáticas impulsadas por estos capitales financieros bajaron el tono y eso siempre es una señal de acercamiento.

Por parte del gobierno argentino adelantan que seguirán con los mismos modales. “Vamos a seguir limando diferencias. Tenemos la convicción de que lo mejor para las partes es llegar a algún tipo de acuerdo en base a principios básicos de sustentabilidad”, argumentan. Saben que un eventual default no le conviene al país, pero tampoco les conviene a estos capitales especulativos, que verían cada vez más alejadas sus posibilidades de cobro.

Por lo pronto, desde el gobierno piensan seguir profundizando su estrategia de diferenciación entre los empresarios con el objetivo de evitar un armado de frente en común en contra. Para eso continuarán con la implementación de políticas públicas de alivio fiscal para el sector productivo, destinadas en particular al mediano y pequeño productor. Destacan que ya está aprobado el pago del salario complementario destinado a 1,6 millones de trabajadores de casi 160 mil empresas. El gobierno amplió el alcance del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción (ATP) por lo que más empresas y trabajadores cobrarán el salario complementario, equivalente al 50% del neto. Tras conversaciones con el sector, el Ejecutivo decidió extender el programa e incluir a empresas de más de 800 empleados y a las micropymes creadas durante el último año, que habían quedado afuera inicialmente.

El todavía no conocido proyecto de ley que pretende gravar a las grandes fortunas, que alcanzaría a unas 11 mil firmas o personas físicas, también juega a favor de cumplir este objetivo de diferenciación entre empresarios que apuesten a la reactivación de la economía nacional de aquellos que están jugando otro juego. Evalúan que muchas veces el empresariado queda encapsulado en una representación divergente a sus propios intereses si el gobierno no se toma el trabajo de implementar políticas públicas diferenciadoras.

“Cualquier empresario normal sabe que sus intereses no son los de Paolo Rocca. La mimetización del pyme con los intereses del monopolio siempre fue producto de una falta de estrategia. Por eso es necesario poner el foco en los grandes”, explicaron fuentes del ministerio de Guzmán.

El informe que dormía en la Afip sobre las cuentas no declaradas en el exterior que desempolvó Mercedes Marcó del Pont es otro ejemplo de diferenciación fiscal y de señalamiento a los evasores. En ese contexto también se enmarca el informe del Banco Central que sistematizó la cantidad de dólares fugados desde 2017 en adelante e identificó quiénes fueron sus ejecutores.

En la Rosada evalúan también incrementar controles desde el BCRA para evitar la distorsión que generan las operaciones en dólares que se despegan del tipo de cambio oficial. El incremento del dólar paralelo y del dólar con liqui, más allá de que se manejan en un mercado chico de operaciones, generan deformaciones poco convenientes en medio de las negociaciones con los acreedores, aunque la actividad comercial se maneje con el dólar oficial.

Si bien siempre estuvo descartado de plano hablar de la herencia recibida de la anterior gestión, recurso argumentativo desgastado por el macrismo, desde el Ejecutivo nacional se pretende salir a señalar a quienes aprovecharon las condiciones propicias para la especulación con letras y bonos del tesoro para acrecentar su capital en pesos, pasarlo a dólares y sacarlo del país, gracias a la disponibilidad de divisas provenientes del creciente endeudamiento del Estado. “Hasta diciembre el endeudamiento no era un problema ni tenía nombre y apellido. Tiene que quedar en claro que esta deuda es de Macri”, señalan.