La reiterada estrategia de “la prueba y el error” que el gobierno ejecuta para imponer su deseo mientras finge dar «marcha atrás» sumó este miércoles su episodio más patético. Por la mañana, el propio presidente Mauricio Macri justificó la aplicación de un incremento retroactivo en la tarifa de gas. “A mi me duele, pero la energía hay que pagarla por lo que vale”, dijo durante una visita a la localidad bonaerense de Olavarría.
A esa misma hora, sin embargo, su jefe de ministros Marcos Peña y el titular de Interior, Rogelio Frigerio, acordaban modificar el mecanismo de “reparación” a las petroleras por la mega devaluación del último trimestre. En lugar de los usuarios, el resarcimientos será abonado por el Estado. Justo lo que el mismo presidente y el secretario de Energía, Javier Iguacel, habían rechazado hacer.
¿Acaso el presidente, al momento de defender la antipática medida, desconocía que sus subalternos presentaban su propuesta alternativa a aliados y petroleros? No parece probable. La experiencia demuestra que se trató de otra operación coordinada de fingida improvisación, como la que Macri ejecutó para imponer a dos jueces de la Corte o el cambio en la fórmula de ajuste del haber jubilatorio, entre otros «retrocesos». En esos casos el Ejecutivo corrigió las formas que producían irritación, pero impuso las medidas de fondo: los jueces Horacio Rossati y Carlos Rosenkrantz llegaron al máximo tribunal -el segundo, de hecho, lo preside-, la fórmula de movilidad a la baja se impuso por ley y, en este caso, las petroleras van a cobrar el retroactivo por devaluación.
Es probable que el cambio en el sistema de pago aligere las críticas al Ejecutivo, pero la movida no está exenta de daños colaterales. ¿Qué opinan los que mandan sobre la economía argentina -el Fondo Monetario, el Departamento de Estado, los “mercados”- sobre el nuevo plan de pagos, que se ejecutaría a través de una modificación en el presupuesto que está en plena discusión?
Es sabido que quienes tomaron el control de la política económica argentina propician un torniquete fiscal extremo. ¿Están de acuerdo con que el gobierno incremente en unos 350 millones de dólares la partida prevista en el artículo 56 del proyecto de presupuesto, donde ya se prevé el pago de 1600 millones de dólares a las petrolera beneficiarias del Plan Gas? Es de suponer que el Ejecutivo al menos consultó a sus superiores antes de dar «marcha atrás» en el esquema de “compensación” que, ayer nomás, el propio presidente consideraba justo y necesario. De lo contrario, es cuestión de horas para que desde el olimpo baje la ira de Zeus, encarnada, para estos menesteres, en madame Christine Lagarde. ¿O acaso el super ajuste no rige para las petroleras?
Es improbable, de todos modos, que el escarmiento por desviarse unos milímetros del plan de ajuste sea peor de lo que ya es. Por imposición del gobierno, el país ya vive sumergido en un desastre social que se verifica en cada índice que se da a conocer. Esta semana, por caso, se supo que el consumo masivo volvió a caer un 2% en agosto, y se proyecta que el derrumbe se profundice al 6% hacia fin de año. O sea: la “gente” -como identifican los medios aliados del gobierno a las mayorías populares y asalariadas, principales víctimas del Modelo M- restringió el consumo de insumos básicos como alimentos, artículos de limpieza y aseo personal.
A esos bolsillos exhaustos se le iba a sumar, desde enero, un cargo adicional en la tarifa de gas para “compensar” a las energéticas, uno de los sectores que más ganan con el modelo macrista. En ese club de beneficiados, vale recordar, hay amigos personales del presidente, como Nicolás Caputo, Joseph Lewis y Marcelo Mindlin. Porque la transferencia regresiva de ingresos que caracteriza el modelo económico de Cambiemos -es decir, el traspaso de recursos de los pobres a los ricos- tiene ese plus: los receptores son miembros y allegados del propio gobierno que ejecuta el plan inverso de Robin Hood.
Nada de eso cambia con la decisión de modificar al pagador de las compensaciones. Sean los usuarios en sus boleta, o el Estado en efectivo o mediante un pagaré, será “la gente” la que pague el cargo extra a las productoras de gas, ya beneficiadas por otra batería de subsidios y decisiones oficiales aún más escandalosas que cargar en las boletas el resarcimiento por devalución. Una de ellas: haberle fijado un precio ficticio al fluído y guardar en secreto el costo real de producción. ¿Cuánto ganan ya las petroleras por la diferencia entre el valor real de extracción y el de comercialización? Nadie lo sabe. Porque el gobierno no lo dice, ningún juez lo exige y buena parte de la oposición se ocupa más de lamerse sus internas que en encabezar una reacción popular frente a los reiterados abusos de un gobierno que sólo acepta un límite -o al menos rectifica las formas- cuando se lo marca Clarín.
Así estamos.
Total normalidad.
