Es en el marco de la causa judicial por presuntos delitos sexuales durante el final de su presidencia.
El fiscal del departamento de Tarija, José Mogro, explicó que el agravante radica en que la supuesta víctima era menor de edad cuando se produjeron los hechos, allá por 2015. «La pena máxima es de 20 años de presidio y eso es lo que el Ministerio Público luego de producir su prueba y demostrar su teoría del hecho, va a solicitar», adelantó en declaraciones a la televisión del diario ‘El Deber’.
Mogros también puso de relieve que ni Morales, ni la madre de la supuesta víctima justificaron de manera adecuada su ausencia este lunes en los tribunales de Tarija, en el sur de Bolivia, donde está teniendo lugar la causa contra ambos.
Es por ello, recordó que la Fiscalía solicitó que se declare a ambos en rebeldía, en busca y captura, se les prohíba salir del país y se congelen sus cuentas. En ese sentido, Mogros instó a la Policía a proceder con su mandato constitucional y ejecute la orden de arresto del expresidente boliviano.
Morales, que se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, no acudió a ninguna de las citaciones de las autoridades, a las que viene acusando, desde la etapa del expresidente Luis Arce, de haber fabricado un caso en su contra.
«No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho procesal», reclamó el exmandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha defendido que «ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del debido proceso y la presunción de inocencia».
En esa misma línea, Morales aboga por que «nadie» sea «condenado» por «razones políticas» con «acusaciones falsas y armadas con pruebas inventadas solo con el objetivo de aniquilar jurídica, moral y físicamente».
Por otro lado, el exmandatario denunció que el presidente boliviano designó como Viceministro de Seguridad Ciudadana al General Rodolfo Montero Torrico, «que fue comandante de la policía boliviana durante las masacres de Sacaba y Senkata, entre noviembre y diciembre de 2019, con un saldo de 22 muertos y 200 heridos».
La fuerte adhesión de la que goza Morales en esa parte del país evitó hasta ahora que las autoridades llevaran a cabo ningún tipo de operación para detenerlo ante el temor de que se produjeran fuertes disturbios.
El nuevo Gobierno declaró que la intención es arrestarlo, sin que se hayan producido novedades al respecto. En las últimas horas, el vicepresidente Edman Lara, que mantiene un enconado enfrentamiento con el presidente Rodrigo Paz, instó a la Policía y al gabinete a actuar contra Morales.
BB con Europa Press
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