La guerra comercial entre Brasil y EEUU se profundiza en los estrados judiciales

El gobierno estadounidense de Donald Trump anunció la apertura de una investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil para determinar si éstas restringen injustamente las exportaciones estadounidenses al país sudamericano, una semana después de que el presidente amenazara a Brasilia con imponer un arancel del 50 por ciento en represalia por lo que considera una «cacería de brujas» contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado.

Justamente en ese sentido la fiscalía de Brasil acaba de pedir a la Corte Suprema que condene a Bolsonaro por “asociación criminal armada” y “golpe de estado”, a raíz de los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023 cuando simpatizantes del ex mandatario tomaron por asalto el Congreso, tras el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula Da Silva en 2022. La pena podría ascender hasta 40 años de cárcel, según el portal RFI.

«Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, voy a iniciar una investigación en virtud del artículo 301 (de la Ley de Comercio de 1974) sobre los ataques de Brasil a las empresas estadounidenses de redes sociales, así como otras prácticas comerciales desleales que perjudican a las empresas, los trabajadores, los agricultores y los innovadores tecnológicos estadounidenses», afirmó el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.

En un comunicado de la oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) se informó que después de «consultar con otras agencias gubernamentales, asesores autorizados y el Congreso, (…) las barreras arancelarias y no arancelarias de Brasil merecen una investigación exhaustiva y, potencialmente, una respuesta adecuada».

Según el documento, las autoridades estadounidenses buscarán averiguar si Brasil mantiene prácticas o políticas «irrazonables o discriminatorias que suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense», concretamente en seis ámbitos: comercio digital, aranceles preferenciales injustos, aplicación de leyes anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, compraventa de etanol y deforestación ilegal.

La USTR alega, entre otras cosas, que «Brasil puede socavar la competitividad de las empresas estadounidenses que operan en estos sectores, por ejemplo, tomando represalias contra ellas por no censurar el discurso político», en referencia a la resolución de finales de junio del Tribunal Supremo que responsabiliza a las plataformas de redes sociales por las publicaciones ilegales de sus usuarios. Hasta entonces, estas ‘grandes tecnológicas’ no respondían civilmente por los mensajes antidemocráticos, discursos de odio ni ataques personales.

La oficina de Greer también aqueja sus hipótesis según las cuales Brasil «concede tipos arancelarios preferenciales más bajos a las exportaciones de determinados socios comerciales competitivos a nivel mundial» entre los que no estaría Estados Unidos, así como que el país sudamericano «ha renunciado a su voluntad de conceder un trato prácticamente libre de aranceles al etanol estadounidense».

El representante de Comercio aplicó sin matices la posición del presidente Trump, quien en declaraciones ante la prensa desde la Casa Blanca, antes de embarcar en el helicóptero presidencial, volvió a calificar el proceso contra Bolsonaro de «caza de brujas» y sobre la aplicación de gravámenes contra Brasil aseguró que lo hace «porque puede».

«Lo estamos haciendo porque tengo que hacerlo, porque puedo hacerlo. Nadie más podría hacerlo. Tenemos aranceles porque queremos aranceles y queremos que el dinero entre en Estados Unidos», ha asegurado, aludiendo también a la alternativa que ha ofrecido a otros países en repetidas ocasiones: «que, en lugar de pagar los aranceles, el país o la empresa produzca en Estados Unidos».

Proceso

Acerca del proceso que se le sigue a Bolsonaro, la Procuraduría General de la República reafirmó la tesis de que Bolsonaro y siete de sus exsubordinados más cercanos trataron de “garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático”, según un documento oficial divulgado en la madrugada de este miércoles.

“Comprobada la participación de las personas en los hechos, el fiscal general de la república reforzó que sean condenados por (…) organización criminal armada”, “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de estado” y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos, afirmó la Fiscalía.

El juicio contra Bolsonaro queda ahora en manos del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien también se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington por sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.

BB con NA y Europa Press