La guerra por los datos personales, el oro de la era digital

El pase, por decreto de necesidad y urgencia, de la gestión de los datos privados de los ciudadanos desde una dirección nacional hacia un organismo que depende de la Jefatura de Gabinete es observado con preocupación por los organismos que batallan por la regulación del flujo y el uso de esos datos. Y consideran que está en sintonía con lo que se discutirá en la próxima Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se realizará en Buenos Aires en diciembre y en la que se espera que haya fuertes presiones en pos de impedir la regulación de la comercialización de esos datos.

El Boletín Oficial publicó el pasado martes 26 de septiembre el DNU por el cual el gobierno nacional creaba la Agencia de Acceso a la Información Pública y le transfería la gestión de esos datos privados. La agencia también concentrará las acciones para garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la información.

Pero según los especialistas, esa gestión debería estar en manos de un organismo autárquico, cosa que nunca sucedió.

“En Argentina se dijo que el organismo a cargo de custodiar los datos personales iba a ser autárquico; eso nunca pasó. Siempre hubo una situación irregular”, dijo a Tiempo Evelin Heidel, miembro de la Asamblea Argentina Mejor sin TLC.

Heidel agregó: “Es preocupante lo que hacen las empresas con nuestros datos, pero también lo es lo que hace el Estado. Se pierde el control. La Jefatura de Gabinete es un componente esencial del gobierno nacional”.

Los datos personales que quedan en manos de las empresas pueden ser comercializados sin conocimiento de los ciudadanos que los generan. Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (el “Gafam”) son sindicados como las empresas que más presionan a los gobiernos para lograr el libre flujo de datos.

Ello porque estas empresas son las que más datos personales recolectan de las personas que participan de sus redes sociales o utilizan sus aplicaciones o dispositivos.

El usufructúo del uso de los datos personales les genera enormes ganancias a estas empresas, en particular para la actividad publicitaria.

Pero también está en cuestión su uso por parte del Estado. Por caso, en Argentina, para cruzar información sobre los resultados de las PASO con los padrones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), de lo que resulta un mapa muy preciso que permite elaborar campañas electorales muy precisas. El mes pasado el gobierno admitió haber realizado exactamente este cruce de datos en una nota publicada por el matutino Clarín.

Según Heidel, el traspaso de la gestión de los datos personales a Jefatura de Gabinete va en sintonía con lo que se espera que sean los debates centrales de la XI Reunión Ministerial de la OMC, que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre.

A nivel mundial, el grupo Gafam enfrenta presiones regulatorias de los gobiernos de la Unión Europea e incluso de los Estados Unidos, que recibe a su turno reclamos de los grupos que quieren que se regule el flujo de datos privados en ese país.

El grupo Gafam desarrolla la idea de que el comercio de datos privados forma parte de la nueva economía digital que tiene por centro al comercio electrónico. Y aseguran que cualquier límite a ese comercio impedirá el desarrollo tecnológico.

Se trata de una posición muy similar a la de las grandes corporaciones que, en nombre del desarrollo tecnológico, buscan eliminar regulaciones estatales sobre las relaciones laborales y pretenden la máxima flexibilidad.

También está en juego la posibilidad de que los Estados puedan imponer tributos a las operaciones comerciales de estas empresas. En la Argentina y otras partes del mundo se conoce a este intento como “tasa Netflix”.

El emprendimiento global de video por streaming ha tenido éxito para evitar que los fiscos de cada país puedan aplicarle tributos.

En la Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha admitido que en caso de imponer algún tributo, será pagado por el consumidor que adquiere los productos de Netflix. La excusa de esta decisión es que “es difícil aplicarle un tributo a Netflix”, según admitió el titular de la AFIP, Alberto Abad, en una conferencia de prensa a mediados de año.