La justicia argentina aun no definió si impulsará la denuncia de HRW contra el príncipe saudita

El fiscal federal Ramiro González dictaminará si debe impulsarse o no la denuncia presentada por la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) contra el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman, quien llegó a la Argentina para participar de la Cumbre de líderes del G20.

Salman fue acusado de crímenes de lesa humanidad por HRW, que pidió que se abra una investigación en el país, en una denuncia que quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal González.

El fiscal resolverá si pide impulsar la pesquisa o requiere antes alguna medida previa de índole internacional, como pedir información por exhorto referida a si hay alguna causa abierta al mandatario árabe por el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en Turquía, explicaron fuentes judiciales.

En base al dictamen de la fiscalía, el juez quedará en condiciones de tomar determinaciones en el caso. La ONG de derechos humanos presentó la denuncia por “averiguación de delito”. 

El Senado estadounidense, en tanto, respaldó el miércoles una resolución para debatir el apoyo militar a Arabia Saudita en la guerra en Yemen. En una sesion a puertas cerradas, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, y el secretario de Defensa, Jim Mattis, habían defendido la implicación de Washington junto a la coalición liderada por Arabia Saudita. Sin embargo, los analistas dieron cuenta de la ausencia en ese cónclave de la titular de la CIA, Gina Haspel, quien por su cargo también debería haber estado en ese minicumbre. 

Las especulaciones son que recibió orden de la Casa Blanca de esquivar las preguntas de los senadores que apuntarían directamente al asesinato de Khashoggi, ya que ella viajó personalmente a Estambul y escuchó las cintas de audio que la inteligencia turca tiene y donde se comprueban al horror que padeció el periodista antes de su muerte y despedazamiento en el consulado Saudita en esa ciudad.

El príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman llegó a Argentina para participar de la cumbre del G20, en medio del escándalo internacional desatado por las sospechas de que estuvo detrás del asesinato de un periodista disidente saudita.

El avión del príncipe -el primero de los líderes en arribar al país por el G20 del viernes y el sábado- llegó al aeropuerto de Ezeiza procedente de Túnez, y el gobernante, quien fue recibido por el canciller Jorge Faurie, luego partió hacia la embajada saudita en una caravana de autos.

Bin Salman, de 33 años y gobernante de facto de Arabia Saudita, está en el ojo del huracán desde el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi el mes pasado dentro del consulado saudita en Estambul.

Esta semana, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió a la Justicia argentina que evaluara presentar cargos de crímenes de guerra contra Bin Salman por la intervención militar de Arabia Saudita en el vecino Yemen, que ha dejado miles de civiles muertos desde marzo de 2015.

La organización también aludió en su solicitud al asesinato de Khashoggi. El periodista trabajó largo tiempo en medios del reino ultraconservador, donde no existe la prensa independiente, pero en los últimos años se radicó en Estados Unidos y escribió una serie de artículos en el diario The Washington Post muy críticos de Bin Salman.

Turquía dijo que el crimen de Khashoggi fue ordenado desde «las más altas esferas» de la monarquía saudita, aunque sin acusar directamente al príncipe, y se ha quejado de que Arabia Saudita no colabora en la investigación todo lo que debería.

Tras cambiar varias veces su versión de los hechos, Riad dijo que el periodista murió en una pelea que se desató poco después de su ingreso al consulado con miembros de un equipo enviado a detenerlo por un general que actuó sin autorización y que fue destituido.

La prensa estadounidense aseguró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) concluyó que Bin Salman ordenó el asesinato, pero el presidente Donald Trump rebatió luego esas informaciones y aseguró que la inteligencia de su país no había llegado a ninguna conclusión definitiva.

Estados Unidos y Francia sancionaron a varios funcionarios sauditas por el crimen del 2 de octubre, pero no al príncipe heredero. Alemania, Noruega y Dinamarca dejaron de vender armas a Arabia Saudita por el asesinato.