La Justicia falló en contra del acuerdo entre el Gobierno y Mc Donald’s

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la continuidad del pedido de nulidad del convenio firmado entre el Gobierno y Mc Donald’s que estipula la contratación de cinco mil jóvenes con un sueldo de 4.500 pesos, algo que está prohibido por la ley porque se trata de una cifra inferior al salario mínimo vital y móvil. El fallo, promulgado por la Sala VI de la Cámara, revocó la decisión de primera instancia, que había desestimado la acción de amparo presentada por las diputadas Araceli Ferreyra, Lucila de Ponti y Silvia Horne y el Secretario Nacional de la Juventud de la CTA, Matías Zaldueno.

Los camaristas Luis Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo determinaron la viabilidad del recurso presentado y reconocieron en el fallo que “se hallan en juego los derechos de los jóvenes en situación de vulnerabilidad en el convenio de cooperación”. Por tal motivo, dispusieron que la causa pase a otro juez que “ordenará los traslados pertinentes y se pronunciará sobre la medida cautelar peticionada y demás cuestiones planteadas”. Además, determinaron que ninguna de las tres diputadas podrá ser parte de la causa, pero sí podrá hacerlo Zaldueno.

En el amparo presentado luego de que el 13 de mayo el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, firmase el acuerdo con la empresa Arcos Dorados S. A., se denuncia que el acuerdo es “violatorio del orden público laboral, así como del derecho internacional y la propia Constitución Nacional». Además, se advierte sobre una “preocupante tendencia a aplicar políticas de gobierno que benefician ampliamente a los grandes empresarios y perjudican de forma sistemática a los trabajadores”.

Según los denunciantes, actualmente McDonald’s cuenta con 16.809 empleados en relación de dependencia y, a partir del convenio, la continuidad laboral de esos trabajadores podría verse afectada: “Se trata de una amenaza no sólo al sostenimiento de los puestos laborales ya existentes sino también a la incorporación de trabajadores en relación de dependencia”, porque quienes se incorporen a la empresa a través por el acuerdo con el gobierno “podrán estar contratados en reiteradas oportunidades y no tendrán recibo de sueldo ni se les abonará sueldo anual complementario».