La decisión del juez Cormick ordena al Estado Nacional a mantener las políticas alimentarias vigentes y asegurar su ejecución.
La luz verde la dio el juez federal en lo contencioso administrativo, Martín Cormick, al pedido de de la UTEP, que lidera Grabois. De esta manera, la cautelar que emitió el juez Lara Correa se mantiene vigente y obliga al oficialismo a mantener los programas alimentarios.
El fallo señala que habilita la feria al único «efecto de proseguir con la tramitación del cumplimiento de la medida cautelar resuelta en la causa».
En el texto, la UTEP y el CELS pidieron que la Justicia «ordene al Estado Nacional de manera preventiva que mantenga las políticas alimentarias vigentes y asegure su ejecución siempre que se verifiquen los requisitos normativos esenciales que deben reunir los destinatarios, hasta tanto se resuelva el presente proceso constitucional».
A lo que Cormick consideró que la cautelar tenía que ser concedida «pues en el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial».
La causa inició hace casi dos meses cuando Grabois denunció la existencia de varias toneladas de alimentos no perecederos retenidos en los galpones de Villa Martelli y en la ciudad de Tafí Viejo, en Tucumán.
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