El juez Roberto Gallardo le dio un plazo de 48 horas al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para que explique cómo se utilizaron los datos biométricos del presidente Alberto Fernández y de otras 60 personas.
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°2 intimó al funcionario del Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, «para que, en el plazo de dos días, explique pormenorizadamente con un informe de trazabilidad respecto a las personas enunciadas -en los días y horarios expuestos-, cuál fue la causa originante de la extracción y el uso que se le ha dado al dato biométrico requerido al ReNaPer por el Ministerio a su cargo».
En su resolución, el magistrado enumeró los 62 casos sobre los cuales pidió explicación a D’Alessandro, entre los que se destacan el del Presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la jefa del PRO, Patricia Bullrich; la cofundadora de Juntos por el Cambio Elisa Carrió y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
El listado incluye también a empresarios, funcionarios del Poder Judicial, dirigentes gremiales, políticos, periodistas y legisladores.
El juez Gallardo intimó a D’Alessandro a explicar cómo se usaron los datos biométricos luego de que el ministro porteño saliera ayer a cuestionar las medidas dispuestas por el magistrado tras disponer la suspensión del sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires por supuestas irregularidades en su manejo.
En su resolución, el juez citó las declaraciones del ministro el martes, mientras se desarrollaban medidas de secuestro de información, cuando dijo que el magistrado hizo «una gran ensalada como si hubiera hecho una gran investigación» y que en torno al uso de datos biométricos «en un control de tránsito, cuando hacés una denuncia, si pedís certificado de domicilio o con el certificado de circulación del Covid. En todos esos casos se hace una consulta al ReNaPer».
En ese contexto el ministro también declaró que se puede «decir la IP y la persona que hizo cada consulta» en casa caso.
El juez Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
Gallardo aseguró haber constatado que el Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA había accedido a datos biométricos del presidente Fernández, de la vicepresidenta Fernández de Kirchner y de Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del Ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del ReNaPer siempre que se trate de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
Entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
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