El inmueble ocupa una manzana en Parque Patricios. Allí viven 106 familias que resisten la expulsión desde 2010 y buscan una alternativa.
La Cooperativa de Vivienda Papa Francisco confirmó a Tiempo la fecha de desalojo del edificio en la calle Santa Cruz 140, a raíz de la solicitud de un empresario. La justicia ha ordenado a las familias abandonar las instalaciones el 31 de octubre próximo.
«Hemos apelado el lanzamiento, que es, en última instancia, un desalojo forzoso, confirmado desde el miércoles pasado. En este sentido, estamos organizando un festival y una vigilia en los alrededores del edificio para enfrentar la inminente acción de la justicia porteña», advirtió Iliana Llanos, presidenta de la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco.
A finales de 2020, los habitantes de Santa Cruz 140 lograron posponer el desalojo gracias a una decisión judicial de la Ciudad. Sin embargo, la situación cambió debido al contexto electoral en CABA. Detrás de esta acción de desalojo se encuentra un negocio inmobiliario impulsado por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, con la complicidad de la justicia civil porteña y el juez Fernando Jorge Virginio.
Llanos también señaló la responsabilidad del gobierno de la Ciudad: «Las autoridades de Buenos Aires siguen sin escuchar nuestro derecho a una vivienda digna en la Ciudad. Creemos que la reubicación de las familias debe ser planificada para que el gobierno aborde una solución habitacional permanente para nuestra comunidad colectiva», declaró Llanos en dialogo con Tiempo. Estas familias han estado lidiando con un proceso de desalojo judicial desde 2010.
El edificio se encuentra en la manzana rodeada por las calles Santa Cruz, Finochietto, Uspallata y Juan Carlos Gómez, frente al Parque Florentino Ameghino. El lugar funcionaba como una fábrica de toallas de la empresa textil SELSA hasta su quiebra a mediados de los años noventa. Ante la crisis económica y social en Argentina entre 2002 y 2006, el sitio, que estaba abandonado, fue ocupado, primero, y luego reciclado por los propios residentes, quienes lo convirtieron en su hogar para evitar quedarse en la calle.
En 2010, Ratuschny adquirió la propiedad en una subasta por $ 1,550 millones. Su intención era utilizarla para un negocio inmobiliario de alquileres temporales, por lo que inició el proceso de desalojo de inmediato.
El Observatorio de la Ciudad, que apoyó a los habitantes de Casa Santa Cruz, señala que Ratuschny también figura como demandante en otros casos de desalojo, lo que «evidencia su estrategia de comprar edificios habitados a bajo costo», según indica, para luego «proceder con los desalojos» a través de procesos judiciales.
En 2014, como respuesta a la amenaza de desalojo, las familias de Casa Santa Cruz formaron la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco, en base a la Ley 341 de CABA. Un año más tarde, organizaron una audiencia en la que estuvieron presentes representantes de la cooperativa, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el propietario para discutir la posibilidad de una compra.
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