Se trata de Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que acaban de ser procesados nuevamente por “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad”.
La RNMA, la Correpi y el Sipreba se mostraron preocupados por la reciente decisión del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien hizo lugar al pedido del fiscal Germán Moldes, quien había apelado el sobreseimiento en segunda instancia dictado hace un año en favor de los trabajadores de prensa. Cabe mencionar que en aquella movilización fueron detenidas 31 personas.
“La causa judicial contra ellos ha sido, y vuelve a ser, un gran juego de la oca donde la justicia federal lleva las fichas de un lado a otro y hacia atrás constantemente. El último jugador en tirar los dados fue el tristemente conocido fiscal Moldes, que apeló el sobreseimiento conseguido hace un año en segunda instancia”, indicaron en el comunicado, en donde se preció además que “ahora, la jueza María Eugenia Capuchetti se suma al juego, y en una clara decisión política, aporta su parte al armado de una causa que busca criminalizar trabajadores de prensa que no hacían más que cumplir su trabajo: comunicar a la gente la represión policial ejercida por la Policía bajo órdenes del gobierno porteño y nacional”.
Las tres organizaciones advirtieron que de esta manera se vuelve “al punto de partida” ya que “los argumentos de la jueza son los dichos, en actas y testimonios, de los policías, que, además de falaces, ya habían sido refutados en lo que fue el proceso que terminó con el sobreseimiento de ambos comunicadores”.
“El escenario que nos plantea la justicia es absurdo e intrincado”, expresaron los denunciantes, quienes destacaron que la mayoría de los detenidos ese día ya fueron sobreseídos. Además, recordaron cómo el fiscal Moldes trató a los periodistas como su fueran un grupo de “canallas y facinerosos, bestias, horda vandálica, con altas dosis de ‘travestismo’ a quienes tocó esa vez asistir disfrazados de fotógrafos (…) tal vez, en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro”, ironizó.
El argumento de la justicia y la policía porteña es que los jóvenes aquel día tiraron una valla. “Lo cierto es que ambos comunicadores estaban realizando una transmisión en vivo en la que puede verse que estaban caminando con su cámara cuando fueron apresados brutalmente por la policía, en Avenida de Mayo y San José, a ocho cuadras de Plaza de Mayo”, agregaron.
“Entendemos este fallo como un nuevo movimiento de la (in)justicia al servicio de la decisión política de un gobierno que hace campaña diciendo que va a “defender a la democracia”, pero no deja de criminalizar a trabajadores de prensa, viola sistemáticamente el derecho de manifestarse, y la libertad de expresión, tres derechos fundamentales que nosotros vamos a seguir defendiendo en la calle, los tribunales y las redacciones”, concluye el comunicado.
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