La institución emitió un comunicado en referencia a la normativa aprobada el 30 de marzo por la Knésset.

El ultraderechista ministro Ben Gvir festeja la aprobación de la ley de pena de muerte a palestinos.
El texto “exige a la comunidad internacional, en particular a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a la Corte Penal Internacional, que actúen de manera inmediata y firme para anular esta ley inválida, exigir responsabilidades a los dirigentes de la ocupación por sus crímenes y garantizar la protección internacional de los prisioneros palestinos”.
En otro tramo del documento, cataloga a la ley como “racista y bárbara” y señala que “apunta de manera claramente discriminatoria contra los prisioneros palestinos” al imponer la pena de muerte “en un plazo de 90 días sin derecho a apelación ni indulto” lo que considera que representa un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad en todo el sentido de la palabra, dado que equivale a una declaración de guerra abierta contra el pueblo palestino y a una flagrante violación de todos los instrumentos y normas internacionales y humanitarios”.
Luego afirma que “esta ley sangrienta no es más que un intento desesperado de quebrar la voluntad del firme y resistente pueblo palestino, así como de intimidar a sus hijos en las cárceles de la ocupación” y resalta que “apunta a todo combatiente que defiende su dignidad y su tierra”.
Tras señalas que la ley “refleja el verdadero rostro de la ocupación israelí, inmersa en el terrorismo de Estado sistemático” el comunicado puntualiza que ”la sangre de los mártires y de los prisioneros seguirá siendo el motor de la lucha hasta la liberación de la tierra y de los lugares sagrados, y el establecimiento del Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital”.
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