El magistrado activó una batería de medidas para determinar si empresas vinculadas a Angeletti fueron beneficiadas con contratos millonarios del Estado nacional. La investigación busca conexiones entre la consultora +Be y firmas proveedoras de servicios tecnológicos y mensajería masiva.

El magistrado solicitó expedientes administrativos detallados sobre contrataciones de herramientas de comunicación directa, envíos masivos de SMS, soporte técnico para software de gestión (Jira/Confluence) y servicios de correos transaccionales. Además, la Justicia puso la mira sobre la concesión de uso para la explotación comercial del predio de Tecnópolis, exigiendo la documentación anexa vinculada a dicho proceso para analizar posibles beneficios discrecionales a favor del entorno familiar de Adorni.
En una medida clave para desentrañar la composición societaria del grupo, Lijo requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos completos de las firmas AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A. El objetivo es determinar si estas empresas —o sus integrantes— tienen vínculos directos o indirectos con Angeletti que puedan configurar un conflicto de intereses o tráfico de influencias.
Finalmente, la Oficina Nacional de Contrataciones, que paradójicamente depende de la Jefatura de Gabinete que conduce Adorni, deberá informar si las compañías DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. registran contratos vigentes con el Estado. El avance de la investigación pretende confirmar si la estructura de negocios de la esposa del Jefe de Gabinete se nutrió de recursos públicos mientras su cónyuge ejerce el cargo de mayor jerarquía administrativa en el Poder Ejecutivo.
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