La lupa de Lijo sobre los negocios de la esposa de Adorni: pedidos de informes a la IGJ y la mirada sobre Tecnópolis

La situación judicial del entorno del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo frente de conflicto. El juez Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba para esclarecer si existieron contrataciones irregulares entre organismos estatales y empresas ligadas a Bettina Angeletti, esposa del funcionario. La causa, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, pone el foco en la consultora +Be, de la cual Angeletti es socia, y su presunta relación con firmas que prestan servicios al Estado.

El magistrado solicitó expedientes administrativos detallados sobre contrataciones de herramientas de comunicación directa, envíos masivos de SMS, soporte técnico para software de gestión (Jira/Confluence) y servicios de correos transaccionales. Además, la Justicia puso la mira sobre la concesión de uso para la explotación comercial del predio de Tecnópolis, exigiendo la documentación anexa vinculada a dicho proceso para analizar posibles beneficios discrecionales a favor del entorno familiar de Adorni.

En una medida clave para desentrañar la composición societaria del grupo, Lijo requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos completos de las firmas AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A. El objetivo es determinar si estas empresas —o sus integrantes— tienen vínculos directos o indirectos con Angeletti que puedan configurar un conflicto de intereses o tráfico de influencias.

Finalmente, la Oficina Nacional de Contrataciones, que paradójicamente depende de la Jefatura de Gabinete que conduce Adorni, deberá informar si las compañías DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. registran contratos vigentes con el Estado. El avance de la investigación pretende confirmar si la estructura de negocios de la esposa del Jefe de Gabinete se nutrió de recursos públicos mientras su cónyuge ejerce el cargo de mayor jerarquía administrativa en el Poder Ejecutivo.