La mancha venenosa salpica a las PPP

La declaración de Carlos Wagner podría ampliar los confines de la causa más allá de los nombres anotados por el chofer Centeno. Si, como describe el empresario, durante el kirchnerismo la obra pública se adjudicó a través de un «sistema» de cartelización y retornos, todas las contratistas del Ministerio de Planificación podrían quedar bajo la lupa del juez. ¿Cuántas son? Según difundió Julio De Vido, entre 2003 y 2015 su cartera adjudicó obras a unas 150 empresas, y cerca de 1600 accedieron a contratos en licitaciones ejecutadas por provincias y municipios. Una pequeña multitud.

De Vido publicó en agosto de 2015 una lista con las principales contratistas de su gestión. El listado, ordenado por el valor de los contratos, lo encabezaba Techint, de Paolo Rocca, que compartía el podio con Electroingeniería –de Gerardo Ferreyra– y IECSA, del clan Macri. Las tres están involucradas en el «gloriagate».

Pero la lista publicada por De Vido recobra relevancia luego de la declaración de Wagner. La mayoría de los que están en esa nómina siguea activa y sumó nuevos negocios en la era PRO. Algunos, por caso, fueron escogidos para llevar a cabo el primer intento de los programas de Participación Público Privada (PPP), un modelo que el macrismo empuja con entusiasmo.

La firma Paolini, por ejemplo, integra la UTE que a principios de mes se adjudicó el corredor vial A por U$S 1002 millones de pesos. En la lista de De Vido, está en el número 26. Hay más casos: Geen SA (31° en la lista) integra la UTE que se quedó con el corredor vial B; Cartellone (8°) obtuvo el corredor C; Panedile (17°) integra la UTE que se quedó con los corredores E y F. Rovella Carranza (9°) y JCR (10°) integran la UTE que construirá el Corredor Vial Sur.

Hasta el momento, ninguna de ellas está mencionada en la causa de Bonadio. Pero la confesión de Wagner las pone a tiro judicial. La novedad contiene efectos múltiples: puede espantar a los inversores financieros de las obras –bancos y fondos temen quedar pegados a empresas que puedan tener complicaciones judiciales– y pone en crisis uno de los pocos planes de obra pública que el gobierno se proponía ejecutar para capear la recesión.