La ministra debe probar sus imputaciones o renunciar

Sucedió algo muy grave, y aunque se podría hacer una cantidad increíble de memes, burlas y parodias del espectáculo farsesco que acaban de dar las máximas autoridades de Seguridad de la Nación, que tienen a su cargo las fuerzas federales, esto no es para bromas. En una conferencia de prensa que la ministra Patricia Bullrich convocó por el correo electrónico oficial del Ministerio de Seguridad, anunció que iba a exponer «las mentiras de La Garganta Poderosa«. Al día siguiente, impunemente, dijeron que nuestros compañeros de La Poderosa trabajan para liberar zonas del narcotráfico en la Villa 21-24. Expusieron al fundador de La Poderosa y dirigente de la CTEP, Nacho Levy, de una manera criminal, utilizando videos de un acto de los movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos.

De esa forma, los mandaron al picadero y les dieron instrucciones subliminales a las fuerzas de la muerte, exponiendo la vida de Nacho y muchos otros militantes barriales y organizaciones que son la única barrera de contención contra el narcotráfico, que sacaron a cientos de pibes de las garras de los transas, que dejan su juventud para luchar junto a los más humildes por la vida digna o que abrazan desde las villas la cultura del trabajo frente a la de la muerte. En esa patética, surrealista pero no por ello menos peligrosa conferencia de prensa, los funcionarios se autoincriminaron de flagrantes violaciones a la ley de inteligencia y a derechos constitucionales básicos.

Desafío a Bullrich a que pruebe sus falsas imputaciones o que renuncie, porque no se puede permitir en una democracia tamaña monstruosidad. Los casos de torturas de las fuerzas federales en barrios humildes están probados. Hay varios prefectos detenidos por ellos, que están en este momento en juicio oral y público. Las denuncias de La Poderosa han sido receptadas por la ONU, que esta semana publicó un lapidario informe al respecto. Bullrich, con su conducta, busca garantizar la impunidad de esas prácticas y legitimarlas, convertirlas en política de Estado y focalizar la labor represiva en la persecución de la oposición política y social. Esto es de una gravedad institucional seria. No puede quedar así.

Espero que funcionarios del Gobierno de la Ciudad como Juan Maquieyra –presidente del IVC– o de la Nación, como Matías Kelly –secretario de Economía Social–, que conocen el trabajo de La Poderosa, digan públicamente que lo que se acaba de escuchar es completamente falso. Espero que todos los periodistas los entrevisten y se solidaricen con sus colegas de La Garganta por este nivel de hostigamiento nunca visto en democracia contra un medio de comunicación. Espero que la SIP se pronuncie.

Desde los movimientos populares, sindicales, políticos y de Derechos Humanos debemos rodear de solidaridad para proteger a estos compañeros de este gravísimo ataque y frenar la escalada antidemocrática. Realizaremos las presentaciones judiciales y administrativas pertinentes, confiando en que la democracia argentina tiene la suficiente institucionalidad para frenar esta verdadera cacería política y social. «