La reforma laboral es mucho más que eso

Es un error creer que la reforma laboral que propone el gobierno de Milei es sólo un profundo cambio en la legislación laboral. Es mucho más que eso. Es una muestra de las transformaciones estratégicas que piensa el mileísmo para la vida política, económica y social en la Argentina, que deberían derivar -según ese afiebrado plan- en una clase capitalista totalmente empoderada bajo el paraguas protector de Estados Unidos y una clase trabajadora empobrecida, atomizada, con derechos cercenados y sometida al control del Estado de los libertarios, los mismos que odian al Estado.

El camino que desarrolla el proyecto de reforma laboral, que ya tiene dictamen favorable en el Senado, es el del avasallamiento de la clase trabajadora a través de una liquidación de derechos democráticos.

El proyecto destruye el derecho constitucional de huelga y, de un modo más general, los derechos políticos de la clase obrera en tanto tal. A la inclusión de prácticamente todos los trabajadores entre las categorías de esenciales y trascendentales, más la cuasi prohibición de las asambleas en horario de trabajo, se le suma la declaración de “cosa juzgada” a los acuerdos de partes entre las representaciones gremial y empresarial, lo que convierte esos acuerdos –en muchos casos impuestos por la coacción patronal– en un “fuero” propio.

A través de este proyecto, el mileísmo sustrae a las relaciones obrero-patronales de las garantías constitucionales vigentes por medio de su acción ante la justicia. Y, al mismo tiempo, le prohíbe a la parte obrera defender sus derechos por medio de la acción directa.

La desigualdad ante la ley es evidente. Una muestra alcanza: Techint puede cerrar su planta SIAT de Valentín Alsina en protesta porque sus competidores nacionales quieren comprar más barato los caños a China, pero los obreros de SIAT no pueden hacer asambleas y huelgas para impedir la destrucción de su empleo y su salario.

El proyecto de reforma laboral también ataca de lleno al sistema previsional al reducir drásticamente sus ingresos. Además del 3% de las contribuciones patronales que será retraído para sostener el Fondo de Asistencia Laboral, se establece un régimen de contribuciones patronales mínimas para la contratación de desempleados, junto a una escalada descendente de aportes para los trabajadores ocupados. Esto tendrá como consecuencia un vaciamiento adicional del sistema jubilatorio, por un lado, y del de salud y obras sociales, por el otro.

Así, el nuevo escenario de ingresos diluidos será la excusa para un nuevo régimen previsional que tendrá tres objetivos: uno, adaptar los haberes de jubilados y pensionados a una Anses desfinanciada; dos, reabrir la puerta de la jubilación privada como “complemento” de los haberes; tres, derivar a la PUAM (subsistencia) a la mayor parte de los jubilados y pensionados.

En el caso del sistema de salud, las menores contribuciones patronales serán usadas de excusa para recortes sobre las prestaciones de salud.

En este contexto, el gobierno refuerza su política represiva con la inclusión del general en actividad Presti en el Ministerio de Defensa. Hace rato que los organismos de DD HH lo advirtieron: este programa económico solo cierra con represión y Presti es quien facilitará la integración de las fuerzas armadas en ese operativo. «