La trama del tractorazo: impotencia judicial, lobby legislativo y avanzada ultra

El tractorazo a Plaza de Mayo, impulsado este sábado por un sector agrario muy vinculado a Juntos por el Cambio, concretó el ataque preventivo que cocinaba la Mesa de Enlace desde principios de año. La señal de largada fue el naufragio en Diputados del tratamiento del Presupuesto 2022 porque, según la lectura de los exportadores, hizo caer la potestad del Ejecutivo de cobrar retenciones. Las presiones se incrementaron cuando el gobierno decidió aumentar en dos puntos los derechos de exportación para dos subproductos de la soja, después del inicio de la Guerra en Ucrania, que disparó los precios internacionales de los alimentos y de la energía. Desde entonces, las entidades empresariales del agro desencadenaron una serie de amparos para eliminar las retenciones y desarrollaron un intenso lobby en las dos cámaras del Congreso para reunirse con todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. En esos encuentros los dirigentes de la Mesa de Enlace ya habían anticipado la realización del tractorazo, aunque finalmente fue ejecutado por la organización Campo+Ciudad, un espacio que nació a fines de 2019 con advertencias de «volver a cortar las rutas» si el presidente Alberto Fernández aumentaba las retenciones. Los mensajes fueron pronunciados por Sebastián Quiroga, vicepresidente de la Coalición Cívica-ARI en el departamento de San Javier, y uno de los voceros del espacio vinculado con el exiministro de Agroindustria y extitular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. «Queremos a nuestro país de vuelta. Nos lo van a devolver por las buenas o por las malas», advirtió la organización que se adjudicó la convocatoria. El tono obligó a los redactores del comunicado a aclarar, sin mucho éxito, que la amenaza velada no incluía un capítulo violento. El tono destituyente no se pudo diluir porque Quiroga hizo una particular interpretación del artículo 36 de la Constitución como la habilitación para «empezar a generar las acciones que nos lleven a poder defender aquello que creemos válido cuando el gobierno toma medidas que generan conmoción interna».

Este sábado la movilización cosechó los respaldos que JxC había comprometido desde las roscas que se tejieron en las últimas semanas. Como si fueran a la disputa del electorado ultra del mundo agrario, en Plaza de Mayo aparecieron la titular del PRO, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado Diego Santilli, entre otros. Bullrich fue a capitalizar dividendos políticos luego de respaldar los reclamos más duros de ese sector. Larreta volvió a acercarse a una comunidad que le resulta esquiva y lo cuestiona por blando. Cada uno por su lado, se dejaron fotografiar rodeados por el mismo microclima que respiraron durante los banderazos organizados en los últimos dos años.

La movida no cuenta con el respaldo público de toda la Mesa de Enlace y hay entidades que no acuerdan con el endurecimiento de las medidas, pero la movilización llevó a la calle las presiones que la Mesa impulsó con poco éxito en tribunales y también en el Congreso, donde distintas filiales de la SRA han presentado amparos para dejar sin efecto las retenciones porque consideran que sin el Presupuesto 2022 vencieron las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo para que fije las retenciones. Según los querellantes, deberían volver a ser debatidas en Diputados, pero todos los recursos quedaron en un limbo porque la Corte ya falló con anterioridad contra la multinacional Cargill y consideró que los amparos no son recursos válidos para esta controversia. En la previa de este tractorazo el juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, hizo lugar a una demanda colectiva impulsada por la SRA con el mismo argumento. Pero es posible que siga el mismo derrotero.

En el Congreso el road show de lobby agroexportador no derivó en otra cosa que apoyos para el tractorazo y el compromiso opositor de negarse a avalar cualquier aumento en las retenciones. En esa búsqueda también hubo otra señal desde Córdoba, con el proyecto impulsado por el gobernador Juan Schiaretti para reducir a cero las retenciones, en un plazo de seis años con créditos a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Las retenciones también están en la mira del FMI aunque el ministro de Agricultura, Julián Dominguez, aseguró que «no habrá aumento en los próximos dos años». La aclaración calmó a los sectores menos intransigentes del agro, pero los más duros no pudieron disimular un espíritu destituyente ante una opinión pública conmovida por la inflación. Aun así, los exportadores no tuvieron en mente hablar de precios, ni cómo influyen en aumentarlos. Prefirieron hablar solamente de bajar impuestos.