La venta de casi 70 mil hectáreas, otro objetivo del Gobierno en la intervención y desguace del INTA

A horas de cumplirse el año de plazo que le otorgaba la Ley Bases (votada por legisladores de provincias donde «el campo» es la principal economía), el Gobierno finalmente decretó la intervención y degradación del INTA y el INTI, junto con el fin de organismos como el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el de Vinicultura (INV, que seguirá teniendo ese nombre solo para vender), el de Propiedad Intelectual (INPI), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (Ariccame), y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (Inafci). La primera pregunta que surge de los diferentes sectores implicados es: ¿por qué hacerlo? No era una demanda social ni económica. Todo lo contrario. Funcionaban bien. Los intereses parecen venir por otro lado. No solo la motosierra al desarrollo en favor de intereses privados y/o extranjeros. Sino también el valor de las tierras que esos entes manejan o donde ellos funcionan, sobre todo el INTA.

De organismo descentralizado con autarquía, el INTA pasa a ser un ente desconcentrado, con dependencia total de la Secretaría de Agricultura. Detrás de los típicos justificativos oficiales de «sobredimensionados» e «ineficientes» se esconden otras razones.

La intervención sobre el INTA supuestamente vino en un diagnóstico que lo califica como “sobredimensionado”, con 932 cargos jerárquicos y «graves deficiencias administrativas detectadas» por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El Ejecutivo nacional mencionó la falta de controles en compras, contrataciones y manejo de fondos.

También cuestionó la estructura territorial descentralizada del organismo, que, según el texto del decreto, dificultó «la supervisión estratégica» y fomentó la «dispersión operativa». El nuevo esquema establece que el INTA sea dirigido por un presidente con rango de secretario de Estado, asistido por un consejo técnico ad honorem.

Pero hay algo detrás.

Los terrenos del INTA

En todos los casos, desde el INTA hasta el INASE o el INTI, según dispone el decreto presidencial que deberá ser refrendado por el Congreso, se aplicarán medidas comunes como el relevamiento obligatorio de bienes, la transferencia de recursos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la adecuación de estructuras internas bajo control del Ministerio de Economía. Pierden autarquía y poder de decisión sobre los terrenos en los que funcionan.

El 20 de noviembre de 2024, el sitio Bichos de Campo anticipó un documento oficial que mostraba las apetencias de la AABE (Administración de Bienes del Estado) por las miles de hectáreas de campos que son propiedad del INTA en su patrimonio, y que podían pasar a manos de los privados mediante subastas. En ese documento había, como un dossier inmobiliario, al menos 27.000 hectáreas bien demarcadas ubicadas en diferentes estaciones experimentales de todo el país.

Tras aquella revelación, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, comenzó a negar esa vocación vendedora e incluso su nueva vocera, la locutora Jorgelina Traut, tildó varias veces como “una mentira” esa versión sobre las apetencias inmobiliarias de la gestión «libertaria».

Pero tras la salida del decreto de necesidad y urgencia 462/2025, que dispuso la eliminación del Consejo Directivo del INTA (integrado por las entidades rurales), que servía como dique de contención ante esas ínfulas rematadoras, el gran artífice de esa reforma, el ministro Federico Sturzenegger, volvió a instalar de inmediato que ese era uno de los objetivos del gobierno de Javier Milei.

Tras enumerar varias razones que llevaron a la intervención del INTA, Sturzenegger escribió: “A ello se suma un dato revelador: el INTA posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país. De ese total, solo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos. En el resto no sabemos qué ocurre”.

Esto confirma que una de las intensiones oficiales con esta «transformación»: poner “a disponibilidad” de la AABE ya no las 27 mil hectáreas mensuradas en aquel informe oficial del año pasado, sino muchas más, hasta unas 70.000. Como antecedente, ese organismo ya remató a fin de 2024 el histórico edificio de la calle Cerviño. En ese caso si contó con aval de las entidades de la Mesa de Enlace. Ahora, tras el decreto, ya no será necesario ese permiso del Consejo Directivo para avanzar con nuevos remates.

Remarca Matías Longoni, en una nota para Bichos de Campo, que en los planes oficiales -muy escasos- que se conocen para el futuro del INTA, además de las apetencias inmobiliarias de esta gestión se anticipa la decisión de despedir (o lograr que acepten el retiro voluntario) unos 1.500 empleados, es decir el 25% de la plantilla actual del organismo tecnológico.

«A la hora de encontrar fundamentos para que su motosierra avance sobre el INTA, Sturzenegger lanzó en su tuiter muchas otras medias verdades –destaca–: por caso, citó un informe de la SIGEN (2023) que ‘reveló importantes deficiencias en el control: viviendas usurpadas, bienes sin inventariar ni asignar, donaciones sin registrar, compras y viáticos sin documentación mínima, asociaciones cooperadoras sin balances ni supervisión’. Ese informe nunca se hizo público».