La violencia política, principal rival del oficialismo en las elecciones mexicanas

Por: Gerardo Szalkowicz

El brutal crimen de una candidata a alcaldesa encendió las alarmas. Sólo este año ya van 15 postulantes a distintos cargos asesinados. El poder intacto del crimen organizado en algunos territorios y el peligro de cara a las elecciones del 2 de junio.

El clima para las mega elecciones mexicanas del 2 de junio se va poniendo cada vez más turbio. El 1º de abril arrancaron las campañas municipales y ese mismo día fue acribillada a tiros una candidata a alcaldesa del oficialista Morena en Guanajuato durante una recorrida proselitista.

El caso generó conmoción por la crudeza del video viralizado y porque Gisela Gaytán había pedido protección policial y el gobierno local no la tramitó. Pero no fue un caso aislado: sólo este año ya son al menos 15 las y los candidatos asesinados y medio centenar de crímenes políticos desde que empezó la campaña general en octubre de 2023. Mientras los sondeos para las presidenciales le dan más de 20 puntos de ventaja a la oficialista Claudia Sheinbaum, se encienden las alarmas de que la espiral de violencia trastoque el escenario.

Cronología de violencia

“La violencia de tipo electoral en México suele verse más a nivel local. El motivo principal de los grupos delictivos es el de influir en el resultado de las elecciones y generar miedo en algunos candidatos que se terminan bajando porque los ataques y amenazas van dirigidas también a sus familiares. Además, hay acusaciones de candidatos vinculados a los cárteles”, explica a Tiempo Daniel Mata, investigador mexicano en temas de derechos humanos.

Gaytán fue asesinada mientras recorría las calles del poblado San Miguel Octopan, cerca de la cabecera municipal de Celaya, ciudad que está en el lugar número 12 de un ranking mundial de violencia y la tercera más poblada de Guanajuato, el estado con más homicidios de México.

Se trata del epicentro de la batalla por el control territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo local de Santa Rosa de Lima. Un estado donde en los últimos cuatro años se encontraron más de 400 fosas clandestinas y las desapariciones pasaron de 621 en 2018 a 4.119 en enero de 2024. Los negociados en disputa van desde la extracción de hidrocarburos, el narcomenudeo y la producción de metanfetaminas hasta la trata de personas.

Asesinato de Gisela Gaaytán.
Foto: Oscar Ortega / AFP

El fenómeno suele intensificarse en tiempos electorales, desnudando los vínculos de los grupos criminales con las distintas esferas locales del poder político, empresarial y policial.

Luego del asesinato de Gaytán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en lo que va del 2024 ya fueron asesinados 15 candidatos o precandidatos a distintos cargos, y que 108 postulantes solicitaron protección.

La titular del organismo aclaró que el Gobierno nacional “brinda protección a candidatos y candidatas a la Presidencia, a las nueve gubernaturas y al Congreso, mientras que los Gobiernos estatales y municipales hacen lo propio con quienes aspiran a puestos de elección local”.

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, también apuntó a las autoridades de Guanajuato ante la “omisión o negligencia” en el crimen de Gaytán.

“Votar entre balas”

Según la consultora Integralia, desde septiembre de 2023 se registraron 182 incidentes de violencia política, asociados a 238 víctimas entre funcionarios, políticos, candidatos, asesores, familiares y víctimas colaterales. Otro registro elaborado por Think Tank Laboratorio Electoral da cuenta de 51 asesinatos políticos en ese mismo lapso, y advierte que “este proceso electoral ya superó la cifra de aspirantes asesinados en el proceso de 2018”.

Por su parte, la minuciosa investigación “Votar entre balas: entendiendo la violencia

criminal-electoral en México” revela que en lo que va del sexenio se registraron 1.755 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político. Guanajuato encabeza el triste podio con 129 asesinatos.

El informe, producido por Data Cívica, señala que “en México, la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios”.

Se trata de complejos entramados de poder con administraciones locales donde priman esquemas de paralegalidad o directamente de cogobierno con el crimen organizado, lo que garantiza amplios márgenes de impunidad.

Cancha embarrada

La escalada de violencia política preocupa al presidente Andrés Manuel López Obrador, que va terminando su mandato con alta popularidad y admirable estabilidad, lo que se traduce en el amplio favoritismo de su candidata.

AMLO recordó el reciente y fatídico proceso electoral en Ecuador, e insinuó que la candidata del correísmo, Luisa González, fue perjudicada por el asesinato de Fernando Villavicencio. “La candidata de las fuerzas progresistas iba como 10 puntos arriba. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba segundo sube”. 

Según el presidente, luego del crimen los medios ecuatorianos crearon “un ambiente de miedo al grado que iban los candidatos con chalecos a los debates». La reflexión no cayó nada bien en el gobierno ecuatoriano, que respondió declarando “persona non grata” a la embajadora mexicana en Quito.

También en México, el fuego mediático de noticias falsas y el troleo virtual vienen siendo las principales armas de una oposición unificada detrás de la candidatura de Xóchitl Gálvez. Sin embargo, la “guerra sucia” no le viene dando resultados y sólo un evento extraordinario podría torcer el rumbo.

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