La iniciativa parte de familias autoconvocadas, docentes y no docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios y también apunta a la recomposición del salario docente y el rechazo del recurso presentado por el gobierno encabezado por Javier Milei.

Familias autoconvocadas, docentes y no docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios y anexos de La Plata, Salta, Córdoba y CABA lanzarán este viernes 12 un petitorio nacional que se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición del salario docente y el rechazo del recurso presentado por el gobierno encabezado por Javier Milei.
Se trata de comunidades relacionadas con el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (UBA); la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (de la Universidad Nacional de Córdoba); Escuelas de Pregrado de la Universidad Nacional de La Plata: Jardín y Escuela Graduada Joaquín V. González, Liceo Víctor Mercante, Bachillerato de Bellas Artes Francisco de Santo, Colegio Nacional Rafael Hernández, Escuela de agricultura y ganadería Inchausti (Universidad Nacional de La Plata); y representantes de la comunidad del Instituto de Educación Media Arturo Oñativia (Universidad Nacional de Salta). Todos ellos participaron de una conferencia de prensa realizada en la sede nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“Vamos por un millón de firmas y porque más escuelas dependientes de universidades nacionales se adhieran a esta iniciativa que tiene como único objetivo que se respete la institucionalidad y la independencia de los poderes y aplique la ley aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación. De la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia dependen nuestros colegios preuniversitarios, jardines de primera infancia, colegios primarios, servicios de hospitales públicos, investigadores del CONICET, facultades de distintas carreras de grado a lo largo y ancho del país. Llamamos a que más familias y comunidades educativas, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sumen a esta propuesta para poder sostener las mesas callejeras que nos permitan llegar al objetivo de reunir un millón de firmas”, sostuvieron los organizadores.
Ramiro Geber es integrante de Familias Autoconvocadas del Colegio Nacional de Buenos Aires, padre de una alumna de esa institución, asegura: “La firma de este acuerdo no cambia absolutamente nada. El gobierno abrió paritarias para hacer una suerte de recomposición salarial, pero esto es un parche más y es un reconocimiento pleno de la violación sistémica que está haciendo de la Ley de Financiamiento Universitario, emanada por la autoridad competente que es el Congreso de la Nación.
Por otro lado, señala que “los trabajadores de las universidades, sean docentes o no docentes, han tenido que aceptar este acuerdo y aun así no salen de la situación de estar cobrando por debajo de la línea de pobreza, lo que sigue constituyendo una verdadera vergüenza”.
Geber apunta que “las comunidades educativas, a nivel nacional, vamos a seguir en la pelea por la aplicación efectiva e inmediata de la Ley 27.795”. Y puntualiza: “Por eso este viernes 12 de junio, a las 17, en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional (Callao 569, piso 1, cuerpo 3) vamos a hacer una conferencia de prensa para lanzar un petitorio, que buscaremos que lleve un millón de firmas, dirigido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que rechace el recurso extraordinario interpuesto por el Gobierno Nacional y que se exprese por la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.
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