Las prepagas, uno de los grandes ganadores de la era Cambiemos

«Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad». La frase pertenece a Ramón Carrillo, primer ministro de Salud argentino y autor intelectual del Hospital Posadas. A contramano de las premisas de Carrillo, el gobierno de Cambiemos desarrolla un fuerte ajuste sobre la salud pública y, al mismo tiempo, responde con celeridad a las demandas de la medicina privada.

A partir del 1 de octubre, las prepagas podrán aumentar sus aranceles un 8 por ciento. Será el cuarto aumento autorizado este año por la cartera de Salud, y que suman un 29,8% en lo que va de este año. La resolución de esta última suba fue publicada el 30 de agosto en el Boletín Oficial. Hasta ese mes, la inflación acumulada en la Ciudad de Buenos Aires fue del 23,9%. Si se tiene en cuenta la proyección de inflación del Banco Central, la acumulada a septiembre llega al 28,9%. Es decir, con Cambiemos en el poder, los aumentos de las prepagas están siempre por encima de la inflación.

Muy distinta es la realidad de la salud pública. El Ministerio de Salud pasó a ser una secretaría, decisión que ilustra la importancia que le da el gobierno a este derecho básico. Por otro lado, los recortes en el Presupuesto son alarmantes. A septiembre de este año, el sector cuenta con $ 30.425 millones. A inicios de 2016, con $ 27.446 millones. Es decir, en dos años y nueve meses el presupuesto nacional de Salud creció apenas un 10%, contra una inflación acumulada del 129,2% (IPC-CABA y REM).

En 2016, la inflación medida por Ciudad de Buenos Aires fue del 41% (no hay cifras de Indec); el aumento de las prepagas fue del 43,5%. En 2017, la inflación fue del 26,1%; el aumento de prepagas, del 31,3%. Para finales de este 2018, las proyecciones de inflación rondan al 40%; si se mantiene la tendencia de los últimos años, las prepagas tendrán otra suba en diciembre. Desde enero de 2016 las prepagas acumularon aumentos de un 144,6%, contra la inflación del 129,2%. Una diferencia a favor de 15,4 puntos porcentuales.

En el mismo período, la disponibilidad de la cartera nacional tuvo variaciones, siempre negativas. El presupuesto de 2016 arrancó en $ 27.446 millones y terminó en $ 30.304 millones; un 10% de suba contra una inflación del 41%. En 2017, comenzó $ 33.503 millones y terminó en $ 36.040 millones; una suba del 7,5%, para compensar una inflación del 26,1%. Como si las enormes pérdidas reales no fueran suficientes, en 2018 el presupuesto cayó incluso en términos nominales: comenzó el año con $ 38.994 millones y por estos días es de $ 30.425 millones. Una caída del 21,9%, a la cual se debe sumar la inflación acumulada del 23,9%, según CABA. La caída en términos reales supera el 45 por ciento.

Una radiografía de la política de salud pública es el Hospital Posadas. Desde la asunción de Cambiemos, fueron echados más de 1000 profesionales. «Incumplimiento severo de la carga horaria», acusaron las autoridades del hospital en la última tanda de cesantías. Sin embargo, los telegramas de despidos sólo hablan de restructuración. Los recortes afectan la calidad de la prestación, lo cual se traduce en complicaciones evitables en la salud de los pacientes que, en su enorme mayoría, integran la población más vulnerable y de escasos recursos.

En el mundo de la salud privada, los empresarios aún acusan una situación crítica del sector y exigen al gobierno que avance en la implementación de programas como el CUS y AGNET, que incluyen recortes en las obligaciones de cobertura, extensión de copagos y revisión del Programa Médico Obligatorio (PMO), con el objeto de restringir el acceso a determinadas prestaciones y obligar así a un pago extra por parte del afiliado. «