Las retenciones abren fisuras entre las empresas agropecuarias

El presidente electo, Alberto Fernández, llamó a «un esfuerzo de todos» para encarar la crisis que deberá enfrentar tras el gobierno de Cambiemos. El llamado pone en alerta a las entidades patronales, en particular, a las rurales, para las que el «esfuerzo» se traduciría en un aumento de los derechos de exportación, las mentadas retenciones que tanto rechazo producen a ese sector de la dirigencia privada.

A priori, Fernández parece tener el guiño de los exportadores de cereales y el de la industria aceitera, que no pagan el costo del impuesto porque lo trasladan a los productores de granos. También cuenta con el aval de una de las patas de la Mesa de Enlace, que sí representa a un sector de la producción.

Pero, del otro lado, amplios sectores del empresariado agropecuario se preparan para la defensa y en algunos casos no se privan de exabruptos.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural (SRA), recomendó seguir con la línea del gobierno de Mauricio Macri, quien apenas asumió en 2015 «sacó las retenciones y liberó todas las restricciones al comercio».

Más directa fue la cabeza de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que en la primera línea de su comunicado oficial definió a las retenciones como «un impuesto nefasto».

Tras poner el acento en el porcentaje que el Estado cobra sobre la renta agrícola, la entidad remarcó que «la CRA siempre estuvo en contra de estos derechos de exportación, ahora y siempre. Cuando la administración de Macri las reinstauró, para toda la exportación argentina no sólo para lo agropecuario, utilizamos el término de ‘traidor’, pues no cumplió su palabra con el sector agropecuario». En ese orden vaticinó un nuevo fracaso de la medida y llamó al futuro gobierno a no cambiar las reglas del juego.

Mesa tambaleante

Un dirigente cuestionado por su posicionamiento en relación al tema es el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, quien en una entrevista con FM La Patriada aseguró que en esta coyuntura «las retenciones no sofocan» y que «hay margen para negociar» con los productores.

Las críticas le llovieron en las redes sociales e incluso el diputado provincial por Juntos por Cambio, Luciano Bugallo, no dudó en tacharlo de «traidor», el mismo calificativo que usaron las CRA en su comunicado oficial.

Iannizzotto se excusó de responder la consulta de Tiempo.

En el primer análisis la polémica se interpretó como un principio de ruptura de la Mesa de Enlace, una entente que es símbolo de la oposición de las empresas rurales a la Resolución 125 en 2008.

La interpretación subestima la identidad de las patronales del campo pero no es la primera vez que Iannizzotto adopta una posición alternativa, no sólo hacia adentro de la Mesa de Enlace sino en sentido amplio, respecto a sus pares del Círculo Rojo.

Cuando las empresas movían sus fichas al compás de la campaña electoral, el titular de Coninagro manifestó a este medio en varias oportunidades su postura favorable a discutir las retenciones, un concepto que lo acercaba a los empresarios cercanos al presidente electo Alberto Fernández.

Por el lado de la Federación Agraria Argentina (FAA), la cuarta parte de la comisión de enlace, la posición también fue contraria al aumento de las retenciones. El presidente de la entidad, Carlos Achetoni, respondió con un cierre de todos los caminos: «Cualquier intento de suba no sería lo más adecuado».

Para que la mesa tambalee alcanza con que falle una sola pata, pero Iannizzotto no está solo en el universo agroempresarial. Al contrario, coincide con la agroindustria y los exportadores de granos, un importante sector de la economía que se proyecta como uno de los más importantes durante el gobierno que empieza el 10 de diciembre.

Este sector no carga con el costo de las retenciones que traslada a los productores pero hizo gala de rapidez en la campaña electoral cuando, a través de uno de sus dirigentes, el CEO de Syngenta, Antonio Aracre, se propuso como motor de una campaña para combatir el déficit alimentario que hoy tiene un espacio concreto en la mesa contra el hambre que se reunió la semana pasada bajo el comando de Alberto Fernández y con amplia presencia empresarial. «

Bienes Personales sería la otra pata impositiva que sostendría el plan
del Frente de Todos para lograr más recursos fiscales.

Industriales polemizan por la suba de salarios

En el cierre de la semana que pasó trascendió que un grupo de grandes empresarios gestiona una reunión con quien se perfila como el futuro ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para rechazar un posible aumento de salarios a partir del 10 de diciembre.
En esa línea se manifestó el titular de la Unión Industrial (UIA) Miguel Acevedo, quien recomendó recuperar el salario real «pero con equilibrio».
El último viernes, el presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), Marcelo Fernández, aconsejó «volcar los aportes patronales del medio aguinaldo y las vacaciones para transformarlo en una recomposición salarial para los trabajadores, refinanciando ese aporte a lo largo del año con el acompañamiento del Estado».
La suba de salarios es una iniciativa de Alberto Fernández que es considerada estratégica para la consecución del pacto social. Pero al igual que otras –como incrementar la recaudación vía retenciones– es seriamente cuestionada (ver aparte y páginas 3 y 4). Además, el presidente electo apunta a incrementar las jubilaciones y el valor de los planes sociales.
Las pymes tienen la preocupación adicional de que todavía no recibieron convocatoria alguna del futuro gobierno a formar parte del Consejo Económico y Social, que será posiblemente el espacio más importante de negociación de políticas económicas, pese a que en la campaña fueron el sector del empresariado más claramente adherido a la propuesta del Frente de Todos. «