Las universidades van a la justicia para que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento

A pocas horas de que se cumpla el plazo legal para promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, el Gobierno nacional decidió publicarlas. Pero igual a como lo hizo con la de Emergencia en Discapacidad, no postuló ninguna acción concreta, instando al Congreso a que le diga las fuentes de financiamiento (algo que no suele hacerse en ninguna norma, porque es el Ejecutivo el que decide cómo implementar). Ante esta situación, las universidades advirtieron que irán a la justicia para que Javier Milei cumpla con la ley de financiamiento.

Desde La Libertad Avanza sostienen que la medida “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.

Paradójicamente el mismo Gobierno dijo que tenía la plata para reimprimir las boletas luego de la baja del primer candidato José Luis Espert (que eran al menos 15 mil millones de pesos), anunció un superávit de cientos de millones de dólares, y además se gastó en dos meses más de 3.000 millones de dólares de reservas para contener a la moneda estadounidense. Todos esos fondos sobrarían para cumplir con las leyes primero vetadas y ahora ninguneadas.

Ante esta situación, desde el Garrahan ya avanzan en una denuncia contra Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, por incumplimiento de deberes de funcionario público. Y las universidades también irán a la justicia.

El Gobierno opta por no financiar a las universidades

Este miércoles a partir del mediodía se reunieron los rectores de las universidades públicas nacionales nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para coincidir en una postura ante la justicia.

“Solo debían cumplir la ley. Y optaron por no hacerlo. Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo que niega con artilugios lo que la ley dispone. Y es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en este caso que, como con discapacidad y emergencia pediátrica, refiere a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política. Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para encontrar una respuesta. Corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, afirmó Franco Bartolacci, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Rosario.

La ley de Financiamiento Universitario plantea garantizar los fondos necesarios para las facultades y que se actualicen de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades: los sueldos de docentes y no docentes perdieron más de un 40% desde que asumió Milei. La norma también obliga al Gobierno a convocar a paritarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación demandaría apenas un 0,23% del PBI.

Esta decisión del Ejecutivo de «freezar» la ley volvió a generar cruces en el tratamiento del Presupuesto 2026. Justamente el presupuesto del año que viene plantea nuevos ajustes al sector universitario.

El proyecto le asigna $4,8 billones a las universidades. Algo que fue presentado como un logro por Milei y sus medios amigos, en realidad implica solo un 0,8% de aumento real a los 4,2 billones de 2025.

Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto del sector acumula un descenso del 32% en el último año. Y queda muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar.

Frenar la universidad

«El antecedente de la emergencia en discapacidad dejó, una vez más, a las claras que el Gobierno no solo es cruel con áreas muy sensibles del Estado si no que tampoco quiere tener que ver con la democracia y la división de poderes. Tenemos una ley aprobada con dos tercios de ambas cámaras y el Gobierno insiste en buscar artilugios técnicos para dañar la educación”, plantearon desde la Federación Universitaria Argentina.

Fedun –la federación que agrupa a los docentes universitarios– y Fatun –que representa al personal no docente– ya realizaron un paro de 24 horas esta semana en todas las universidades del país y participarán de la acción judicial conjunta.

“Nos preocupa mucho que se pone en peligro el sistema democrático cuando un Presidente no cumple con la ley. Le pide al Congreso que diga de dónde sacar los fondos cuando ya hace dos años que el Poder Ejecutivo discrecionalmente decide los fondos de toda la administración pública porque no tiene presupuesto», subrayó Jorge Anró, secretario adjunto de Fatun.

“Con los salarios de hambre que estamos cobrando, con las becas congeladas hace casi dos años y las obras paralizadas, me parece que es el momento para que la comunidad universitaria diga hasta acá llegamos y que frenemos el funcionamiento de la universidad”, completó.

La UBA al ataque

Este miércoles, mientras sucedía el encuentro del CIN, se reunió el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y acordaron iniciar acciones judiciales «a fin de que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, y asigne de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes». 

El Consejo Superior de la UBA consideró tomar medidas al respecto “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”.

Según la resolución de la UBA: “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación. Asimismo, implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

Resaltan que el sistema universitario, y la UBA en particular, enfrenta una crisis presupuestaria «sin precedentes»: las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes de la UBA sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%. «A lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial ha sido mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando aún más dicha pérdida», aclararon.

Y advirtieron que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.