Lo ordenó el juez Ariel Lijo en el marco de la investigación. También pidió que revisen las comunicaciones con Gandío por el viaje a Punta del Este. Ante Pollicita declaró el hijastro de una de las jubiladas prestamistas.
Pero además, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del funcionario y de su esposa Bettina Angeletti, para profundizar la investigación sobre los fondos por la compra de propiedades y los viajes al exterior desde que es parte del gobierno de Javier Milei. Además, el magistrado pidió que se revisen las comunicaciones con su amigo, el periodista Marcelo Grandio quien posee contratos con la TV Pública y pagó el viaje a Punta del Este en avión privado.
El magistrado había dado la orden en marzo para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia.
Esta medida también busca saber si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.
Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a conocer que los gastos en viajes al exterior como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito como en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el Gobierno Nacional.
Por otra parte, Lijo ordenó también revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo con quien Adorni viajó en el último feriado de Carnaval en el vuelo en avión privado a Punta del Este.
A través de su productora ImHouse, Grandio cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete de ministros.
Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandío con Adorni, como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.
La medida será implementada a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), y apunta a investigar posibles “dadivas” y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el marco de las investigaciones sobre Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita recibió este miércoles el testimonio de Leandro Miano, empresario inmobiliario que participó de la operación de compra por parte del jefe de Gabinete de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Miano es hijo de Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas que le vendieron el departamento de la calle Miró al jefe de Gabinete, y a quienes además el funcionario aún les debe 200.000 dólares.
El testigo arribó a los tribunales federales de la calle Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, a las 8.45, y tras contestar las preguntas de Pollicita se fue de la sede judicial aproximadamente a las 10.40.
Miano tiene 44 años y es socio en una desarrolladora inmobiliaria del empresario Pablo Martín Feijoo, hijo de Alicia Viegas, la otra jubilada que le vendió el departamento de Miró a Adorni.
Feijoo, de 36 años, ya prestó testimonio y relató que conocía a Adorni porque sus hijos comparten el mismo colegio. Además, contó que el entonces vocero presidencial acordó de palabra pagarle USD 65.000 adicionales, por fuera de la escritura traslativa de dominio.
Esta semana ya había declarado Matías Tabar, el contratista que hizo las refacciones de la propiedad que el funcionario tiene en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, quien afirmó este lunes que el costo de la remodelación ascendió a unos 245.000 dólares pagados en efectivo y sin factura.
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