Liberales en la retórica, feudales en la práctica

Gobernar, administrar y construir consensos son tareas complejas; disciplinar, en cambio, es el atajo de los proyectos autoritarios. Cuando el Poder Ejecutivo empieza a castigar a un individuo no por lo que hizo, sino por con quién se vincula, el conflicto abandona la arena de la discusión política para transformarse en un ataque directo a la Constitución.

La decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata, luego de haber reunido las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado, constituye uno de los episodios más alarmantes de degradación institucional desde el retorno democrático. No porque se trate solamente de una candidata. Ni siquiera porque el motivo invocado -de manera explícita o tácita- sea su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Lo verdaderamente grave es el mensaje: en la Argentina de hoy, la idoneidad puede ser desplazada por la obediencia; el mérito, por la conveniencia política; y la independencia judicial, por la lógica rudimentaria del castigo.

El artículo 16 de la Constitución Nacional no deja demasiado margen para interpretaciones creativas: todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La palabra “idoneidad” aparece sola, desnuda, luminosa. No dice “idoneidad y alineamiento”. No dice “idoneidad y simpatía con el gobierno”. Mucho menos “idoneidad salvo parentesco inconveniente”. La Constitución, que suele resultar incómoda para los proyectos personalistas, establece un límite preciso: el Estado no puede convertir las relaciones personales o familiares en criterio de exclusión política.

Pero además hay algo todavía más inquietante. El oficialismo no parece advertir la dimensión autoritaria de lo que está naturalizando. Porque cuando se castiga a alguien por el trabajo periodístico de un familiar, lo que se erosiona no es únicamente la independencia judicial: también se busca condicionar indirectamente la libertad de prensa. El mensaje mafioso no necesita formularse de manera explícita. Basta con demostrar que las consecuencias existen. Que investigar al poder puede tener costos colaterales. Que el Estado observa, registra y actúa.

La paradoja es brutal. Un gobierno que llegó prometiendo terminar con “la casta” termina reproduciendo las prácticas más primitivas del patrimonialismo político argentino: premiar amigos, bloquear críticos y administrar instituciones con criterios de facción. La diferencia es que ahora todo ocurre bajo una retórica de supuesta pureza moral y eficiencia tecnocrática. Como si el autoritarismo pudiera volverse aceptable simplemente porque habla en nombre del mercado.

Resulta todavía más obsceno advertir que, mientras se bloquea un pliego por razones de parentesco, otros candidatos objetados por vínculos políticos sí logran avanzar después de negociaciones reservadas con sectores del poder. Allí se desnuda la verdadera lógica de funcionamiento: no se trata de combatir relaciones impropias; se trata de decidir cuáles relaciones son tolerables y cuáles deben ser castigadas. La arbitrariedad deja entonces de ser una anomalía y pasa a convertirse en método.

El constitucionalismo nació precisamente para impedir esto: que el poder actúe movido por humores, venganzas o caprichos. La división de poderes no es una decoración académica ni un tecnicismo liberal para seminarios universitarios. Es una garantía contra la pulsión autoritaria de los gobiernos. Cuando el Ejecutivo pretende modelar el Poder Judicial según simpatías personales, deja de concebir jueces y empieza a imaginar subordinados.

Hay algo profundamente decadente en una democracia que comienza a medir a las personas por su árbol genealógico. Demasiado parecido a épocas que la Argentina debería recordar con horror y no con nostalgia. Porque las democracias no se destruyen únicamente con tanques en las calles. También se erosionan cuando el miedo se vuelve criterio de organización institucional y cuando la obediencia reemplaza al derecho.

Quizás lo más doloroso sea la naturalización social de estos episodios. La velocidad con la que parte de la dirigencia y de la opinión pública acepta que el Estado pueda castigar a una mujer por el trabajo de su cuñado. Como si el constitucionalismo fuese un lujo ingenuo para tiempos normales y no precisamente el único límite posible frente a gobiernos que confunden legitimidad electoral con impunidad institucional.

La República no se rompe de un día para otro. Se rompe así: lentamente, entre silencios, pequeñas cobardías y arbitrariedades celebradas por conveniencia política. Hasta que un día descubrimos que el problema ya no era una jueza vetada. El problema era haber aceptado que el poder pudiera hacerlo.

Las instituciones se vuelven ruinas cuando el miedo reemplaza al estándar constitucional y la obediencia modela las magistraturas.