Vergüenza. Es lo mínimo que debería sentir la casta política que calló durante los 200 días que Milagro Sala lleva en una prisión jujeña por motivos políticos. Vergüenza. Porque con su silencio aprobador, su apoyo a la agenda revanchista y persecutoria del gobierno, su republicanismo hueco, han sido cómplices de la violación de los Derechos Humanos de una legisladora del Parlasur elegida por el voto popular-, además líder de un movimiento social como la Tupac Amaru. Vergüenza. Porque cuando no callaron, directamente dieron argumentos en los set televisivos, en entrevistas radiales, en columnas de opinión que justificaron la suspensión de las garantías constitucionales para una dirigente kirchnerista, de procedencia kolla, quien estaba condenada antes de ser siquiera juzgada.La resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU pidiendo la «inmediata liberación» de Milagro Sala por considerar que su detención es injustificada, se convirtió en una ráfaga de verdad que conmueve los cimientos de todo el sistema institucional argentino.
Ya no es un tema de Gerardo Morales ni de la provincia de Jujuy, ni de su Poder Judicial, como argumentaban y argumentan todavía hoy- los funcionarios macristas nacionales: ahora es un asunto del Estado Argentino, en cabeza del Poder Ejecutivo, es decir, pasó a ser un problema de Mauricio Macri, que debe responder al pedido de la ONU.
Por lo que se sabe, las declaraciones del secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, van en el camino incorrecto. Dijo que la resolución era apenas «una opinión, no vinculante». Se equivoca el secretario. No se trata de una recomendación, no es una opinión: es un pedido. Pero no podía esperarse otra cosa de un funcionario cuya primera medida fue validar la reducción del presupuesto para el área a su cargo, decisión que revela el bajo o nulo interés que tiene el gobierno por los Derechos Humanos y sus víctimas, y su escasa vocación para implementar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como obligación estatal.
Desconoce Abruj que el propio Macri apoyó una decisión similar del Grupo de Trabajo de la ONU, en este caso, pidiendo la libertad de Leopoldo López, el opositor venezolano. ¿Cómo puede sumarse a un reclamo de esas características y luego no aplicar la misma vara a sus decisiones o a las de los gobernadores de su alianza política?
El titular del CELS, Horacio Verbitsky, organismo que junto a Amnistía Internacional, Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el equipo de patrocinantes de Sala radicaron la denuncia ante la ONU, manifestó: «Desde el momento en que es posible privar de su libertad a una persona en forma arbitraria, sin ninguna causa justificada, y a pesar de los fueros que tiene como parlamentaria del Parlasur, todos estamos en peligro.»
Gastón Chillier, también del CELS, explicó que la ONU «llega a la conclusión de que la detención de Milagro es arbitraria en función de que el Estado no pudo demostrar que estaba justificada». Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados de Sala, apuntó al contexto político: «En Jujuy, sin ninguna duda. Ningún juez ni ningún funcionario del Poder Judicial estuvo dispuesto a reconocer ni una sola de las falencias que tuvieron los procesos en contra de Milagro.»
Lo actuado por el Grupo de Trabajo de la ONU deja en evidencia al Poder Judicial cooptado por el gobernador Morales, pero no circunscribe los hechos a la provincia o al estado de excepción que se vive en ella. El pedido es al gobierno nacional y tiene una única lectura: Milagro Sala debería salir en libertad de inmediato porque fueron violados sus derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El silencio de la política (a decir verdad, de un sector de la política) ante tan grave episodio es impactante. Mide, además, el retroceso que está viviendo el país desde diciembre de 2015 en materia de derechos y la indolencia que demuestran quienes deberían, en teoría, defenderlos. Hay presos políticos en la Argentina -esto viene a decir la ONU- que el dispositivo oficial y paraoficial consideran bien presos. Hay presos políticos en nuestro país, sin que el tema ocupe un lugar central en la agenda noticiosa, ni en la rutina que escriben diputados y senadores para su trabajo cotidiano.
Es decir: hay presos políticos y hay una indiferencia cómplice, cuando no aval consciente a la tropelía. Desde 1987, cuando Hilda Nava de Cuesta fue liberada, cuatro años después de la recuperación democrática, nuestro país no estaba en una situación así, de tanta fragilidad institucional. Milagro Sala lleva 200 días en la cárcel de Alto Comedero. Macri no tiene, como podría argumentar Alfonsín si estuviera vivo, que lidiar con un Partido Militar empoderado como a mediados de los 80. Macri es el socio de Morales en la decisión de castigar a un legislador opositor, enviándolo a prisión sin motivo jurídico porque es la manera de castigar, demonizar y perseguir a un colectivo político, el kirchnerista.
Esto es lo verdaderamente imperdonable.
