Libertad de Expresión: las denuncias del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Julia Mengolini ante la CIDH

Como parte del 194 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se desarrolló una audiencia pública sobre Libertad de Expresión en la Universidad de Miami a pedido de distintas organizaciones y organismos de Derechos Humanos, como CELS, SiPreBA, Argra, Fopea y Amnistía Internacional. “Es urgente que esta Comisión exija al Estado argentino garantizar condiciones para ejercer el periodismo y que condene el uso de aparatos estatales para hostigar a la prensa”, denunció Julia Mengolini, fundadora de FutuRöck. En tanto, Francisco “Paco” Rabini, dirigente de SiPreBA y Fatpren, resumió: “Atacan a los periodistas y a los trabajadores de prensa porque quieren destruir el rol social de la comunicación”. 

La exposición de SiPreBA 

Mi nombre es Francisco Rabini, secretario adjunto electo del SiPreBA y representantes sindicales de miles de trabajadores y trabajadoras de prensa de toda la Argentina. Desde Sipreba y Fatpren denunciamos que desde hace dos años en nuestro país la libertad de expresión y de prensa están siendo atacadas de forma constante y planificada. 

Es la primera vez que, en democracia y desde la conducción del gobierno, se diseña, dirige y alienta una campaña de ataque contra los periodistas y trabajadores de prensa. 

«No odiamos lo suficiente a los periodistas» tuiteó el Presidente Milei. Esa y otras frases tienen consecuencias. Los insultos y descalificaciones no sólo buscan atemorizar, disciplinar y silenciar a quienes hacen su trabajo en medios de comunicación: habilita ataques y agresiones físicas concretas. Como le sucedió a dos fotógrafos de Tiempo Argentino y Clarín perseguido con un cuchillo durante la cobertura de un acto de Milei o al periodista y dueño del medio El Destape, Roberto Navarro, atacado a golpes por un desconocido.

La represión sistemática a trabajadores de prensa mientras cubren protestas sociales es la traducción de ese tweet de Milei que sintetiza la política del gobierno. En cada marcha, las fuerzas de seguridad disparan balas de goma y gases contra camarógrafos, reporteros gráficos, cronistas, productores. Sólo en la manifestación del 1 de febrero de 2024 contabilizamos 52 trabajadores de prensa heridos. El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo, que el 12 de marzo quedó al borde de la muerte por una granada de gas disparada directo a su cabeza y sigue luchando por su vida. Todos los casos fueron denunciados ante la Justicia. 

Otra forma de asedio del poder estatal son las denuncias judiciales del propio Presidente contra periodistas que publican notas que no le gustan. Son demandas sin sustento que terminan desestimadas por la justicia, es decir: su único objetivo es acallar. En uno de esos casos, el del periodista de El Destape Ari Lijalad, la nota fue republicada con las firmas de más de 600 periodistas como forma de defensa colectiva. Las periodistas mujeres sufren un particular acoso, como acaba de mencionar Julia Mengolini. 

El desguace de los medios públicos, particularmente del servicio periodístico de la agencia nacional de noticias Télam, también es un atentado contra la libertad de expresión y contra el sistema federal de medios argentino. Incluso, el privado, que se vio afectado por esta medida que entendemos debe revertirse. Radio Nacional, la Televisión Pública y las señales educativas y culturales fueron vaciadas y sus trabajadores padecen un congelamiento salarial.

Con la eliminación de planes de fomento y el redireccionamiento arbitrario de la pauta publicitaria pública, los medios comunitarios también son blanco del ataque gubernamental. Las consecuencias: cierre o achicamiento de medios, menos pluralidad y diversidad de voces, menos libertad de expresión. 

Al igual que el resto de los trabajadores argentinos, los de prensa se ven afectados por las políticas económicas de este gobierno. El resultado es un periodismo totalmente precarizado, que no cuenta con las condiciones necesarias para ejercer una profesión que es fundamental para la democracia.  

Atacan a los periodistas y a los trabajadores de prensa porque quieren destruir el rol social de la comunicación, que tiene la capacidad de cuestionar al poder y a un modelo económico, social y político excluyente.

La exposición de Julia Mengolini

Buenas tardes comisionados y comisionadas, 

Mi nombre es Julia Mengolini, soy periodista y fundadora de la radio Futurock en Argentina.  Quisiera empezar por decir que significa mucho para mí estar frente a esta Comisión, la misma que en el año 79 vino a nuestro país a escuchar a las víctimas de la última dictadura militar. Por ese acto, quienes tenemos un compromiso frente a los ddhh les estaremos siempre agradecidos. 

Hoy vengo a contarles lo que significa vivir y trabajar bajo un gobierno que usa el poder del Estado para perseguir, humillar y silenciar. 

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el clima para ejercer el periodismo se volvió asfixiante. Lo que empezó como insultos se transformó en una campaña de odio institucional, orquestada desde las más altas esferas del poder para marcar enemigos, instalar mentiras y destruir reputaciones. 

En mi caso, en junio de este año, fui víctima de una campaña de difamación y violencia digital sin precedentes. Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí, acompañados de amenazas de violación y de muerte, incluso contra mi hija. 

El propio presidente amplificó esas agresiones, publicó casi 100 mensajes en mi contra en cuatro días, se burló públicamente y justificó la violencia diciendo que “me merecía el vuelto”. 

Esa violencia no fue espontánea: fue una estrategia de disciplinamiento estatal para castigar la crítica y generar miedo.  

Como se dijo, también se usó el poder penal para perseguirme. Por ejemplo, fui demandada por hacer una cobertura periodística de un conflicto laboral en el hospital de niños mas emblemático de nuestro país, el Garrahan. Al igual que otras dos denuncias que me hizo el presidente, la causa fue desestimada por la justicia.

Además de lo que escuchamos, las mujeres periodistas sufrimos, además, una violencia específica: insultos sexualizados, amenazas a nuestras familias y campañas de desprestigio que buscan sacarnos del espacio público. El mensaje implícito es recordarnos que, pese a nuestro rol en la esfera pública, nuestro lugar sigue siendo el de objeto de deseo y de burla.  

Por eso es urgente que esta Comisión exija al Estado argentino garantizar condiciones para ejercer el periodismo y que condene el uso de aparatos estatales para hostigar a la prensa. 

Muchas gracias