Ahora será la jueza María Servini en conjunto con el fiscal Eduardo Taiano quienes concentrarán la investigación en Argentina. Con una resolución, la Cámara Federal de San Martín le puso fin a la disputa por competencia.

La decisión la tomó el camarista Juan Pablo Salas, de la Sala I, quien determinó que ahora la investigación por presunta estafa en torno al lanzamiento y la promoción del token $Libra quedará únicamente en manos de la jueza federal N°1 de la ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini, quien delegó el impulso de la investigación en el fiscal federal Eduardo Taiano.
Con una resolución de 11 carillas, la Cámara le puso fin a una disputa por competencia que se originó entre ambos juzgados tras el estallido del caso, allá por mediados de febrero. Arroyo Salgado había recibido una denuncia vinculada a la publicación en la que Milei promocionó el contrato para acceder al token que en cuestión de minutos escaló desde apenas centavos a casi 5 dólares y luego se desplomó por completo. A pesar de que ya había denuncias en Comodoro Py, la magistrada de San Isidro decidió avanzar en la causa y una de las primeras cosas que hizo para arrogarse la competencia fue pedir un informe a Casa Militar para saber si el presidente Milei estaba en la Quinta de Olivos al momento de publicar el contrato para acceder a $Libra.
Como la respuesta fue positiva, la jueza avanzó y mostró señales de interés frente al caso. Una de las más fuertes fue primerear en la incorporación de querellantes, algo que en Comodoro Py demoró bastante tiempo y requirió de un fallo de Cámara. Mientras tanto, Arroyo Salgado pidió la inhibitoria de Servini. A su vez, también le pidió opinión al fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, que sostuvo que las actuaciones debían investigarse en Comodoro Py.
En ese marco, la Cámara hoy dictaminó que es Servini quien tiene que quedarse con el caso.
«Si de garantizar una mejor y más pronta administración de justicia se refiere, entiendo que la justicia federal de CABA hoy se encuentra en una mejor posición procesal e investigativa, en comparación a lo sucedido en la justicia federal de San Isidro», expresó el camarista Salas en el dictamen al que accedió Tiempo. Según el dictamen, la Justicia federal porteña está en mejor posición para encarar una investigación «integral» de un objeto procesal que está constituído «por diversas y presuntas conductas delictivas que habrían sido cometidas en varias jurisdicciones y que tendrían conexión entre sí».
A su vez, el camarista sostuvo que «está claro que la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que previno, si comparamos lo actuado en uno y otro expediente». Sobre eso, el camarista sostuvo que en Comodoro Py hubo denuncias antes que en San Isidro sino que hay una «diferencia fundamental» que es que Servini delegó la instrucción en el fiscal Taiano y de ese modo el caso tomó impulso de la acción penal, algo a lo que el fiscal de San Isidro se había negado.
Según Salas, en la causa de Servini y Taiano se dispusieron medidas para investigar la totalidad de los hechos denunciados, «no únicamente el fragmento que el juzgado federal de San Isidro consideró ‘central’ y que llevó a desatender la dilucidación de otros hechos considerados relevantes para la fiscalía en esta etapa inicial del proceso». En ese punto, el camarista reprochó que Arroyo Salgado haya circunscripto su investigación en torno al tuit promocional del presidente como «hecho central».
Así las cosas, ahora las actuaciones sobre las que avanzó la jueza deberán ser remitidas a Comodoro Py, donde Taiano ya avanzó con medidas de prueba, allanamientos y les dio intervención a organismos del Ministerio Público como la DATIP para que se haga la extracción forense de los dispositivos secuestrados a Mauricio Novelli y Sergio Morales, dos de los imputados.
En lo de Arroyo Salgado estaba pendiente un exhorto internacional para el congelamiento de algunas de las wallets vinculadas a $Libra de USDC. Eso, junto con el resto de las medidas producidas y las pendientes, ahora se deberá remitir a los tribunales porteños.
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