El ex vicepresidente había acusado al juez por “pérdida de imparcialidad”. En tanto, el fiscal Di Lello se opuso al pedido de nulidad de detención.
Durante su indagatoria, el propio Boudou había denunciado que Lijo ordenó su detención como respuesta a las acusaciones que le habían hecho ante el Consejo de la Magistratura por «cajonear» causas de corrupción.
Este mediodía, también el fiscal Jorge Di Lello se manifestó en la causa y se opuso al pedido de nulidad de la detención de Boudou que había presentado el abogado Eduardo Durañona.
Fuentes judiciales informaron que, al rechazar su recusación, Lijo argumentó que «el llamado a indagatoria y detención responde a constancias objetivas que surgen de la investigación y no a un hecho aislado como sostiene el imputado y la defensa».
La detención es «el resultado de un análisis de todos los elementos probatorios, de las conclusiones a las que arribó el peritaje y se aportó recientemente y al pedido de intimación parcial», añadieron.
«Con relación a la filtración de vídeos y fotografías, la única orden del juzgado fue el cumplimiento de la detención y por esa filtración el juez ordenó extraer testimonios para que se investigue el hecho», agregaron, al descartar que la divulgación de imágenes haya sido ordenada por Lijo.
Fuentes cercanas al ex vicepresidente aseguraron que su defensa apelará el rechazo de Lijo y planteará la recusación del magistrado ante la cámara federal porteña.
Por otra parte, el fiscal Di Lello emitió un dictamen de 8 páginas en el que se manifestó en contra del pedido de declarar la nulidad de la detención ocurrida hace menos de una semana.
El juez de la causa «tiene facultades directas para evaluar los riesgos procesales a los que aluden las normas y la interpretación que realiza la jurisprudencia», sostuvo Di Lello.
El ex vicepresidente fue detenido el viernes pasado a primera hora de la mañana en su departamento del edificio Madero Center, en el barrio porteño de Puerto Madero.
El juez Lijo ordenó su detención por entender que por el cargo ocupado podía tener «contactos residuales» con el poder que podrían ayudarlo a evadir la justicia, a pesar de que el ex funcionario kirchnerista estuvo siempre a derecho, tal como lo reconoció el magistrado en su fallo.
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