Fue en el marco de una denuncia por sus dichos contra Ian Moche. La diputada nacional podría ser citada nuevamente en los próximos días.

Lemoine había sido citada el 5 de mayo pasado por el fiscal Hernán Gustavo Biglino para concretar la intimación de los hechos por los que se la investiga. Se trata de un trámite similar a una declaración indagatoria ya que se trata de un acto de defensa en el cual, de considerarlo, Lemoine podría brindar las aclaraciones que crea pertinentes a modo de descargo.
Tras ser citada, Lemoine presentó junto a su abogado defensor un pedido para que se ordene el control jurisdiccional de manera urgente de la actividad desplegada por el fiscal. Es decir, que el juez contravencional revise lo actuado hasta el momento por el fiscal, que está a cargo de la investigación debido a que en la ciudad de Buenos Aires rige el sistema acusatorio. Es en ese marco que la diputada eludió la citación que estaba prevista para las 11 de este jueves.
Este mismo jueves, el juez Rodolfo Ariza Clerici le devolvió las actuaciones al fiscal con lo cual, según fuentes ligadas al caso, Lemoine podría ser citada nuevamente.
La diputada nacional, que es una de las referentes de la batalla cultural del presidente Javier Milei gracias a su facilidad para expresarse públicamente, había anticipado públicamente que no concurriría a la audiencia. Durante una entrevista en el streaming Blender calificó la convocatoria como “una ridiculez” y aseguró que no dijo nada contra Ian Moche sino contra su madre. “La denuncia la hace Marcela Pagano y el fiscal tiene un pedo atravesado en la cabeza (sic). Tendría que disculparse por estar llamándome a declarar. No voy a ir”, sostuvo.
Curiosamente, Lemoine, que ha cultivado un perfil habituado a declaraciones y actitudes provocadoras en redes sociales y medios de comunicación, se quejó en el marco del mencionado expediente contravencional del impacto negativo que tiene en su reputación la difusión pública de la citación a indagatoria.
En un escrito al que accedió Tiempo, la defensa de la diputada no solo advirtió por la difusión pública de un caso que involucra a un menor de edad “cuyo daño por sobreexposición pública está documentalmente acreditado”, sino que también expone “simultáneamente a la imputada al impacto reputacional de actos procesales aún no firmes”.
La defensa de la diputada busca, entre otras cuestiones, que se declare la nulidad parcial de una resolución mediante la cual se aceptó como querellante a Marlene Spesso, madre del activista. Al ser una causa contravencional, las sanciones en expectativa van desde la realización de trabajos de utilidad pública, multas económicas hasta arrestos breves.
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