En un comunicado dijeron que la oferta no será aceptada porque "es unilateral y no refleja la capacidad de pago de la provincia". Pese a ello, prometieron seguir dialogando.
La declaración proviene de un autodenominado “comité directivo del grupo de tenedores de bonos” formado por tenedores institucionales de deuda externa emitida por la provincia. Sus integrantes dicen poseer más del 40% de la deuda sujeta a reestructuración, proporción que alcanzaría para ejercer poder de veto y hacer fracasar la iniciativa.
“La propuesta actual de la provincia de Buenos Aires es unilateral, no es producto de negociaciones de buena fe, y contiene elementos coercitivos dentro de su estructura que el Comité Directivo cree que no contribuirán a su amplia aceptación. Además, no refleja la capacidad de pago de la provincia y no presenta un camino hacia una resolución consensuada”, dice el texto.
El eje de la discusión es el llamado del gobierno provincial a canjear títulos bajo legislación extranjera por U$S 7.148 millones, que se deben amortizar a partir de este mismo año, por otros con vencimiento en 2032 y 2040. La operación se inspira en la que intenta llevar adelante el gobierno nacional: al igual que esta, prevé una fuerte reducción en el pago de intereses estimada en 55%, un período de gracia de tres años para empezar a pagarlos y una quita mucho más leve de capital, del orden del 7%.
“Como hemos manifestado desde el comienzo de nuestra gestión, la deuda pública de la provincia de Buenos Aires no es sostenible en las condiciones de mercado actuales”, dijo Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, al hacer público el llamado al canje. “Esta es la única oferta que hay porque se ajusta a las posibilidades de pago que tiene la provincia”, agregó. El plazo para la aceptación vence el lunes 11.
A pesar de su negativa a los términos en que fue planteada la propuesta, los bonistas dijeron que están “listos y dispuestos a participar de manera constructiva en una solución negociada” y pidieron al gobierno provincial que adopte “un proceso consensuado que pueda generar un alivio sustancial del servicio de deuda” y que sea atractivo para lograr la adhesión de los inversores.
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