Los «daños colaterales» de una reforma antipática para la corporación

La corporación judicial considera, con ironía, que el presidente Alberto Fernández cumplió con su promesa de cerrar la grieta: en tribunales, consiguió que todos, sin distinción de pensamiento político, estén furiosos contra él.

La relación del presidente con el Poder Judicial está dañada. Acaso irremediablemente.

«El lawfare lo hicieron 20 tipos. En lugar de apuntar contra ellos nos tocaron la guita a todos. ¿Qué tiene que ver un juez civil con el lawfare?, ¿para qué le tocás el bolsillo a un prosecretario de un juzgado laboral?», se preguntan.

Los jueces, fiscales, pero especialmente las segundas y terceras líneas de los despachos judiciales, se sienten traicionados por el proyecto de reforma del sistema jubilatorio.

Por el fondo, sí, pero especialmente por las formas. Cuando la ministra de Justicia Marcela Losardo sostenía un diálogo constante y fluido con la Asociación de Magistrados sobre la reforma, que consideraban de ambos lados como inevitable, un viernes a las 19:30 ingresó el proyecto al Congreso.

Fue una bomba. Un sector de la corporación judicial cree que Losardo fue ajena a esa definición y que también ella se vio sorprendida por la decisión presidencial. Pero desde los despachos de la Corte Suprema responden que suponer esa ajenidad es no entender cómo funciona la política.

«Losardo la garavaneó», explican, en alusión a la penosa gestión del exministro de Justicia durante el macrismo, Germán Garavano. «Se llevó la marca y Alberto entró por el medio del área para clavarla en el ángulo», completan, en jerga futbolera.

¿Por qué centralizan la bronca en Alberto Fernández? Porque –aseguran– «el Instituto Patria no banca esto». Las señales que llegaron a tribunales desde el kirchnerismo indican que no hubo intervención de los cuadros judiciales cercanos a Cristina Fernández de Kirchner en la elaboración y, sobre todo, en la aceleración de los tiempos de la reforma jubilatoria.

Está claro que el Poder Judicial va a reaccionar contra la iniciativa del gobierno, que ya anunció su intención de sacar la ley sin tocar ni una coma del proyecto original. ¿Cuál será esa reacción? Yerran quienes creen que la renuncia masiva de jueces y fiscales con edad y en condiciones de jubilarse es la respuesta más dura. Muy por el contrario: es apenas la respuesta individual (y ciertamente insolidaria) de quienes temen que la permanencia en el cargo les termine causando un perjuicio económico.

Nadie que tenga derechos adquiridos perderá ni un centavo. Pero nadie sabe mejor que los actores del sistema judicial cuán engorroso es litigar en tribunales en defensa de esos derechos. 

La renuncia masiva, además, podría terminar siendo funcional y beneficiosa para el gobierno, que tendría muchos cargos vacantes para los cuales podría impulsar a candidatos para ocuparlos.

De hecho, un juez penal de instrucción reflexionaba días atrás que «la reforma judicial ya está hecha: murió Claudio Bonadio, el juzgado que era de Sergio Torres está vacante, con el resto se puede conversar. Hay por lo menos dos cargos en la Cámara Federal y en Casación también habrá vacantes. En las fiscalías hay agujeros por todos lados y ya no está Germán Moldes. Ya está; ahí tenés la reforma judicial».

¿Qué pasaría si la desidia se apoderara (aun más) de los despachos judiciales? Pues podría ocurrir que, por ejemplo, el recurso de «queja» del ex vicepresidente Amado Boudou ante la Corte Suprema (pidiendo la revisión de toda la Causa Ciccone ante la irrupción de hechos nuevos que parecen indicar evidentes irregularidades) sea analizado sólo desde lo formal y no desde lo profundo.

Se explica: Boudou fue juzgado por un tribunal oral y esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Ambos tribunales evaluaron los hechos y las pruebas. A la Corte le está reservado el control de última instancia del proceso; sólo excepcionalmente revisa hechos y pruebas.

La Corte podría, por ejemplo, aplicar la «plancha del 280», un artículo del Código Procesal en lo Civil y Comercial que declara, sin más, que la queja es «inadmisible», es decir que no amerita la intervención del máximo tribunal.  En lugar de revisar todo, aplica una fórmula casi matemática y no se mete en la causa.

En ese caso, hipotético y sólo citado a modo de ejemplo, la condena contra Boudou quedaría firme y con fuerza de cosa juzgada.

Esa misma desidia, multiplicada por todos los tribunales de todos los fueros, abre un escenario imprevisible.

Hubo un amague de responder reactivando las causas judiciales que desde hace un año –cuando el Poder Judicial leyó antes que nadie que se avecinaban cambios políticos–, entraron en una dinámica paquidérmica. Y, también, la emisión de fallos irritantes para el actual gobierno.

Los desprocesamientos del exministro de Energía Juan José Aranguren y la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso fueron interpretados como una muestra homeopática de esa suerte de mensajería del disgusto.

Pero la Corte ya advirtió que «no se van a permitir prácticas extorsivas». De modo que la reacción no parece que vaya por allí. «