Los datos que desmienten los ataques de Lugones a medios como Tiempo: despidos, vaciamiento y subejecución

Horas antes de la marcha federal en defensa de la salud pública, convocada para esta tarde, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, volvió a usar su cuenta de X para negar la existencia de recortes y problemas en el acceso a medicación, denunciados por propios pacientes y organizaciones. “Mienten y hacen política con la salud de los argentinos”, acusó, junto a la imagen de tres titulares de medios, entre ellos uno de Tiempo Argentino.

“Estamos cambiando lo que funciona mal con objetivos muy concretos: transparentar el sistema, impulsar a las jurisdicciones a que asuman el rol que les corresponde, administrar los recursos de manera eficiente, terminar con los intermediarios que hicieron negocios con la salud y darle la posibilidad a los ciudadanos a que accedan a prestaciones de calidad y tengan libertad para elegir cómo y dónde atenderse”, escribió el Ministro. Y agregó: “Ante esto, quienes se oponen a los cambios, mintieron con la situación del Hospital Garrahan, la entrega de medicamentos oncológicos, el desfinanciamiento de áreas y organismos, el valor de los medicamentos, el supuesto arreglo con las Obras Sociales, la salida de la OMS… La lista es interminable”.

Los títulos señalados con el sello de “falso” por Lugones indican que “El Gobierno desmanteló el Programa de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer” (de diario Perfil), “El Gobierno deja sin cuidados paliativos ni morfina a pacientes con cáncer” (del portal El Destape”) y “Denuncian que el Garrahan recibió cero pesos de Nación en enero” (publicado en este medio).

Los datos I

La versión sobre el desmantelamiento del Programa de Cuidados Paliativos comenzó con la difusión del testimonio de una médica del INC (Mariana Pechenik, MN 109663). Ella dio cuenta no sólo de la interrupción en la compra de opioides –necesarios para aliviar dolores en pacientes terminales- sino también del despido de seis de los ocho integrantes del programa (sinónimo de desmantelamiento, aunque el programa formalmente siga existiendo).

Tanto en el posteo de Lugones como en las respuestas desde su área de prensa se negó que haya faltante de opioides y se apuntó sobre la mala gestión de las compras previas, que llevaron a dejar vencer medicación. Fuentes del área acusaron directamente a la médica denunciante por este tema.

Más allá de ese testimonio inicial, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) emitió dos comunicados para expresar su “preocupación” por la situación del programa. La entidad señaló por un lado que los equipos especializados que la integran advertían que eran las provincias las que estaban comprando las drogas desde agosto, sin provisión de Nación. Por otro lado, apuntó a otras funciones del Programa que corren riesgo de quedar en un limbo ante su desmantelamiento o vaciamiento, como la capacitación y la equiparación de derechos entre provincias con distintos recursos.

Desde que asumió como ministro de Salud, Lugones apunta a que Nación se ocupe de cada vez menos cuestiones sanitarias y que la garantía de derechos sea responsabilidad de las provincias. Incluso el Gobierno de Milei admitió su intención de traspasar, cerrar o privatizar los hospitales nacionales, con un primer intento en el Bonaparte, de Salud Mental.

“Si cada provincia se hace cargo de todo por sí sola (de los cuidados paliativos y opioides), vamos a tener diferencias enormes entre CABA y Tucumán, entre CABA y Jujuy. El Ministerio de Salud de la Nación tiene un rol de rectoría para garantizar la equidad”, reclamó el diputado de Unión por la Patria (UP), Pablo Yedlin, según consignó el portal Parlamentario.

Los datos II

En cuanto a la medicación oncológica, las denuncias por problemas en el acceso a drogas y tratamientos comenzaron desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Sobre todo en torno a la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE).

Si bien es cierto que en un primer momento dependía de Capital Humano (la propia titular del área, Sandra Pettovello, justificó el parate con el argumento de siempre: revisar irregularidades previas), los reclamos de pacientes y ONGs no concluyeron cuando la dependencia pasó a Salud, aunque desde las organizaciones sí admitieron que habían comenzado a solucionarse casos. De todos modos, el tema llegó a la Justicia y a fines de diciembre se dictó una cautelar a favor del colectivo de pacientes denunciantes.

En su escrito, el juez Marcelo Dos Santos dio un panorama con datos: de los 940 expedientes en trámite, 829 tienen una demora de más de 60 días hábiles. Y de los 141 para pacientes pediátricos, 119 exceden el plazo.

Previo a este reclamo colectivo que optó por la vía judicial, se habían conocido los casos de al menos siete pacientes que fallecieron esperando su medicación por parte de la Dadse.

Los datos III

En relación a la situación del Garrahan, el titular que Lugones acusó de “falso” decía que en enero de 2024 Nación no había enviado fondos al principal hospital pediátrico de alta complejidad. Cero. El dato surgía de un estudio publicado por el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX), en base a documentación oficial. Incluso, según fuentes del hospital, recién en marzo comenzaron a llegar fondos de 2024.

Pero el problema no fue solo el parate en la entrega de financiamiento (que ya había sucedido en ocasiones anteriores, asociado a cambios de gobierno) sino que la situación salarial del personal desató una oleada de renuncias que continúa, con pérdida de profesionales en distintas áreas.

Lugones asumió como ministro cuando escalaba la lucha de trabajadores y trabajadoras de ese hospital. De hecho, una de sus primeras medidas a cargo de la cartera sanitaria nacional fue descabezar el Garrahan y nombrar un nuevo Consejo de Administración. El anterior fue removido por haber accedido a dar un bono extraordinario de 500 mil pesos al personal. El dinero provenía de fondos propios del nosocomio, pero así y todo el Ministro optó por despedir al ‘responsable’, tal vez como una medida aleccionadora ante otras luchas que estaban por comenzar, como la del personal del Hospital Bonaparte.

“Con cruel cinismo, el ministro Lugones planteó una supuesta ‘normalidad’ en la provisión de medicamentos para el tratamiento del dolor, luego de que se conociera el desmantelamiento casi total del Instituto Nacional del Cáncer. Pero la realidad es la que denuncian los usuarios del sistema: demoras y faltantes que se pagan en dolor y hasta vidas”, expresó en las últimas horas Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el hospital pediátrico de alta complejidad, donde se realizó la masiva asamblea que gestó la marcha prevista para este jueves.

“Sobran testimonios de trabajadores del campo de la salud y pacientes que alertan sobre la gravedad de los recortes y la rapidez con la que el Gobierno nacional de Javier Milei ha desmantelado programas de prevención de VIH, hepatitis y tuberculosis (TBC), ahora de cuidados paliativos del cáncer, lo que significa el abandono de pacientes, la destrucción de puestos de trabajo y el vaciamiento de los hospitales públicos”, enumeró por su parte Norma Lezana, secretaria general de la APyT. Y resumió el objetivo de la marcha de este jueves: visibilizar que “hay vidas en riesgo”.

Los datos IV

En su “lista interminable” de supuestas mentiras difundidas en torno al ajuste en salud, Lugones no mencionó el vaciamiento de áreas como la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI). De los 46 profesionales que lo integraban, 14 quedaron afuera a principios de año.

“Estábamos haciendo un trabajo minucioso de micro-planificación con las provincias para mejorar las coberturas. No sé qué va a pasar a ahora. Nosotros no dábamos abasto. La persona que se encargaba del registro nominal fue echada. Hasta ahora todo ciudadano tiene registrada su vacuna en el sistema. Esto no lo tiene casi ningún otro país en la región. Es un atraso de más de 15 años lo que están haciendo”, dijo a Radio Con Vos la médica infectóloga Nathalia Katz, quien trabajaba en la DICEI desde 2010. Todo esto, en un marco de caída en las coberturas de vacunación a nivel nacional. Con los riesgos que ello implica, como la actual amenaza del sarampión en CABA.

Pese a estos datos, el Ministro habló de “administrar los recursos de manera eficiente”. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria del Ejecutivo durante todo 2024 mostró en qué medida se subejecutaron los fondos en casi todas las áreas (salvo para las Fuerzas Armadas). Salud ocupa los primeros puestos en subejecución: se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-69%), ANMAT (-21%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-55%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-17%). En el caso del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, bajo intervención del Gobierno tras un intento de cierre, el ajuste interanual es de 25%.