Los jefes comunales de los distritos bonaerenses más influyentes se pronunciaron sobre la condena a la vicepresidenta en la Causa Vialidad.
El texto lleva la firma de las intendentas Marisa Fassi (Cañuelas, que hizo de anfitriona), Mayra Mendoza (Quilmes), Blanca Cantero (Presidente Perón), Mariel Fernández (Moreno) y el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación e intendente en uso de licencia de Navarro, Santiago Maggiotti, Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Moreira (San Martín), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar), Leo Botto (Luján), Facundo Diz (Navarro), Juan Fabiani (Almirante Brown), Fabián Cagliardi (Berisso), Fernando Espinoza (La Matanza), Carlos Ramil (Escobar), Javier Osuna (General Las Heras), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Alberto Descalzo (Ituzanigó), Nicolás Manteagazza (San Vicente) y Juan Ustarroz (Mercedes).
Allí se expresa que “con profunda preocupación el actual contexto institucional que atraviesa nuestro país”. “Creemos que este es un momento bisagra en nuestra historia donde es necesario tomar importantes decisiones políticas para defender a todo el pueblo argentino. Hoy, más que nunca, dicha tarea se cristaliza en la defensa de las banderas históricas del peronismo: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”.
El comunicado elaborado en una reunión que se llevó a cabo este miércoles en Cañuelas, al que concurrieron todos los jefes y jefas comunales firmantes sostiene: “Soberanía política que se ve amenazada cuando se persigue, mediática y judicialmente, a los dirigentes que defienden las causas populares; cuando se intenta asesinar a nuestra Vicepresidenta, Cristina Fernández y cuando nos enteramos, a través de algunos medios de comunicación, de un viaje en avión privado al Lago Escondido, de connivencia mafiosa entre el poder económico mediático, el poder judicial y dirigentes políticos pertenecientes al macrismo”.
“Independencia económica que se ataca cuando se volvió al Fondo Monetario Internacional con el gobierno anterior. Justicia Social, que se pone en riesgo cuando los intereses de un sector pretende imponerse sobre las necesidades y los derechos del pueblo argentino”, dice y concluye: “Creemos más que nunca que la discusión es entre aquellos que defendemos al pueblo y aquellos que están del lado de las mafias que operan entre algunos medios, algunas empresas y el poder judicial. La discusión es pueblo o Magnetto. Es pueblo o mafia. Sabemos que levantar la voz tiene sus costos. Las pantallas de los medios concentrados se llenarán de operaciones mediáticas sobre nuestros distritos. No les tenemos miedo. No nos van a domesticar”, advirtieron.
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