Los 96 genocidas propuestos por el Ministerio de Justicia para una excarcelación anticipada son el 61% de los que están en el Servicio Penitenciario Federal. Lo advirtió la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que cuestionó la decisión.
A través de un informe, el organismo dependiente de la Procuración General de la Nación informó que según sus registros, la lista de casi 100 represores que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal confeccionó como candidatos para acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica u otras modalidades de egreso anticipado, incluye al 62% de las 156 personas de 70 años o más, que se encuentran alojadas en las dependencias de esa agencia gubernamental.
Es que según los archivos de la procuraduría que conduce el fiscal Jorge Auat, del total de personas condenadas o procesadas por crímenes contra la humanidad que se encuentran detenidas sólo el 30% está alojado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
Según los números de la Procuración, son 1083 los presos por crímenes cometidos en la dictadura cívico militar, por lo que serían pocos más de trescientos (325) los que están alojados en el SPF. De ese 30 por ciento, casi la mitad (48%) es mayor de 70 años, edad a partir de la cual los jueces pueden decidir una domiciliaria si existiesen razones de salud graves, y poco más de la mitad (61%) tiene, al menos, una condena.
En su informe, la Procuraduría remarcó que la lista la integran personas condenadas y procesadas, y no se cuenta con elementos que permitan identificar los criterios con los que se realizó esa selección.
El listado mezcla procesados con condenados y no sabemos el criterio que utilizaron, porque un procesado puede pretender una excarcelación o eventualmente una prisión domiciliaria por una cuestión de edad, pero eso ya depende de la decisión del juez, porque la ley dice ‘podrá’, señaló Auat.
El listado que el Servicio Penitenciario Federal envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos, tenía el supuesto objetivo de liberar las abarrotadas cárceles federales.
Se trata de ocho listados con los nombres de 1.111 detenidos con distintas categorías. Uno incluía a los 96 represores bajo el rótulo: «Internos de lesa humanidad mayores de 70 años». Pero también presos y presas comunes, con hijos, con alguna enfermedad o que integran el colectivo LGBTI, entre otras cuestiones.
No se sabe cuál es el criterio que usaron para poner también a los procesados, señaló Auat. Y recordó que en el caso de la persona procesada lo que se evalúa es el riesgo procesal, pero en el condenado no porque ya está en prisión.
Pese a que la decisión de la excarcelación queda, finalmente, en manos de los jueces, la intención del gobierno nacional de beneficiar a casi un centenar de represores es otra señal de vía libre a lo que la justicia ya viene haciendo con las domiciliarias, que este año tomó notoriedad con la salida de prisión del seis veces condenado, Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien se instaló en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata.
El argumento para la elaboración del listado del Ministerio de Justicia es la necesidad de descomprimir las cárceles, pero la realidad es que los 96 genocidas representan menos del 1% de los presos del sistema federal. Las cárceles no están saturadas por los casos de lesa humanidad. Por el contrario, hay una tendencia creciente a otorgarles domiciliarias, detalló el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en declaraciones periodísticas.
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