Los empleados enfrentan una instancia de mediación, tras la denuncia de usurpación realizada por la empresa. Los empleados se encuentran de manera pacífica en la planta desde que la multinacional anunció su cierre.
«Lo que pretende la patronal es una maniobra ilegal para justificar el desalojo de los trabajadores», denunció el delegado Patricio Lara, en diálogo con Tiempo. Además, el trabajador denunció que el gobierno «cajoneó» el proceso preventivo de crisis, luego de siete audiencias entre las partes ante la Secretaría de Trabajo: «Pasados los treinta días de trámite y luego de haber presentado todos los requerimientos, el organismo nunca se pronunció para evaluar si había crisis o no, se dio por cerrado sin una definición. A partir de ese entonces la empresa liberó los telegramas de despidos que continúan llegando».
Lara, además, reclamó intervención del Estado y reconoció que ya tuvieron contactos con representantes del Frente de Todos: «La empresa viene adeudando salarios e intenta quebrar por hambre nuestra resistencia. Estamos pidiendo la intervención del Estado. Se acercaron representantes del Gobierno entrante y les pedimos una señal respecto de su interés por la reapertura de la fábrica».
Por otra parte, el delegado adelantó que el viernes realizarán una conferencia de prensa junto a otros sindicatos para segui visibilizando el conflicto: «Queremos que la actividad se transforme en un hecho político, para demostrar el apoyo de las organizaciones sindicales y para que nuestro reclamo sea escuchado».
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