Reforma política, shutdown, inviolabilidad de la propiedad privada, Presupuesto y reforma de la Carta Orgánica del Central. Las negociaciones ya están en marcha con perspectivas dispares.
En la antesala del receso invernal, que comenzará el lunes 13 de julio y se extenderá hasta el 3 de agosto, la Cámara Alta que preside Victoria Villarruel tiene como objetivo inmediato la convocatoria a una sesión especial para este jueves con el fin de darle sanción al tan postergado proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que pese a los acuerdos con los bloques aliados podría sumar más cambios en el recinto. De aprobarse tiene que continuar el camino legislativo por Diputados.
Sin embargo, el punto más conflictivo pasa por la reforma política que, desde que ingresó al Senado, no logra reunir los acuerdos necesarios para llegar al recinto. La discusión central del proyecto es la continuidad o no de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En Casa Rosada se empeñan en mantener la eliminación bajo el argumento del costo, pero en la oposición proponen otras alternativas.
En ese marco, el Ejecutivo, de la mano de Diego Santilli, negocia con gobernadores una moneda de cambio que permite la posibilidad de habilitar una lista de adhesión por distrito. “Todos trabajamos para que Milei sea reelecto”, dijo a este medio un diputado libertario. Sin embargo, en el Senado, a los aliados tampoco les satisface la propuesta: “El problema está de abajo hacia arriba, cómo armas las listas en las provincias”, dijo una fuente del PRO.
Así las cosas, en mayo la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el fueguino Agustín Coto hizo una sola reunión informativa con autoridades de la Dirección Nacional Electoral para tratar el proyecto, luego de los cortocircuitos entre Karina Milei y Patricia Bullrich. El texto quedó durmiendo el sueño de los justos hasta nuevo aviso.
Volviendo a la agenda económica, en Diputados es posible que ingrese el proyecto de shutdown del Poder Ejecutivo que está inspirado en el modelo de los Estados Unidos que busca inhibir recursos y limitar automáticamente el gasto de los organismos estatales que utilicen fondos no autorizados.
El año pasado, el tema ya circuló en la comisión de Presupuesto, que preside Bertie Venegas Lynch mientras se debatía el Presupuesto 2026. Lo curioso fue que la propuesta había sido pensada en dos proyectos presentados por diputados opositores para evitar la práctica habitual de prórroga de presupuestos, ya que la Ley 24.156 de Administración Financiera no limita la posibilidad de reutilizar uno indefinidamente.
En ese momento, el socialista Esteban Paulón y el peronista Roberto Mirabella (mandato cumplido) presentaron iniciativas para que el Poder Ejecutivo no abuse de una herramienta que le brinda máxima discrecionalidad presupuestaria. En el caso del diputado Paulón era una versión más local y de otra naturaleza la que ofrecía la iniciativa, ya que establecía que ni las prestaciones sociales ni los salarios se podían dejar de pagar.
El debate se profundizará en septiembre cuando la administración libertaria presente el presupuesto de la administración pública para el año que viene. De hecho, el Ejecutivo ya difundió las directrices de su plan de gastos, con foco absoluto en sostener el superávit macroeconómico y la reducción de la inflación.
Por otro lado, otro de los proyectos que se espera ingrese para la segunda parte del año legislativo es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central que prioriza acelerar una reforma integral para redefinir sus funciones y restringir de manera estricta el financiamiento al Tesoro. La propuesta ya reúne críticas del peronismo, incluso ex funcionarios como Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce aseguraron que la reforma responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional. Además, cuestionan que el BCRA pierda su mandato múltiple porque representa una falta de soberanía.
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