La empresa Lustramax desconoció en enero un proceso preventivo de crisis pedido por ella misma y una conciliación obligatoria. Ahora, con el respaldo de la orientación oficial libertaria, extorsiona a los trabajadores para que acepten el pago en cuotas.
La compañía ubicada en la localidad de Tortuguitas ya había tenido una actitud polémica en enero de este año cuando despidió a 29 empleados en momentos en los que se encontraba en trámite un Proceso Preventivo de Crisis presentado por la misma patronal ante la cartera laboral provincial.
El recurso, que congela ese tipo de decisiones hasta tanto no se conozca una decisión oficial, además, carecía del requisito básico que consiste en la presentación de balances con tres ejercicios consecutivos con pérdidas de parte de la compañía.
Según información disponible, la empresa acumuló ganancias por un monto de $16 mil millones en los últimos tres años. Para los trabajadores, el ajuste que quieren implementar, en realidad, responde a un intento de regimentación sindical y un plan de flexibilización laboral.
La vulneración de los términos legales del proceso que ella misma había solicitado llevó a la cartera laboral a dictar una conciliación obligatoria que la empresa también desoyó.
Sin embargo, ahora, la empresa parece querer superarse a si misma. Según denunciaron los representantes sindicales avanzó con nueve despidos más que, ahora, pretenden indemnizar con mercadería de su propia producción como, por ejemplo, papel higiénico y rollos de cocina que, además, serían valuados por la propia empresa.
La alternativa, dicen, es aceptar un arreglo basado en una promesa de pago en 12 cuotas. Para los trabajadores, la propuesta de pago en especies busca extorsionar a los empleados para que acepten esa modalidad de pago en cuotas cuando, en realidad, existen motivos para pensar que Ezequiel Sosa, dueño de la compañía, no descarta avanzar con un cierre fraudulento de la firma.
La situación no se limita a los despidos sino que también se arrastra el atraso en el pago de salarios y aguinaldos e incumplimiento de aportes jubilatorios y a la obra social que, sin embargo, figuran en los recibos de sueldo de los trabajadores.
Un verdadero fraude al Estado y a los propios empleados que la empresa lleva adelante con total impunidad. Una impunidad que emana del poder del Estado que además, con su política de flexibilización da respaldo a los empresarios para que asuman, sin tapujos, un actitud vejación con relación a sus trabajadores.
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