México no olvida la Masacre de Tlatelolco y rechaza militarizar la seguridad

Con una marcha de rechazo a las políticas de seguridad del gobierno mexicano, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas y organizaciones estudiantiles conmemoró el aniversario de la masacre de universitarios en la capitalina Plaza Tlatelolco, perpetrada por el Ejército mexicano el 2 de octubre de 1968. Con la consigna “2 de octubre no se olvida es de lucha combativa” las y los manifestantes recordaron lo ocurrido la noche en que la que estudiantes de la UNAM e IPN fueron reprimidos por el Ejército, en un episodio en el que nunca fue posible conocer la cantidad de muertos, aunque algunas estimaciones dicen que pudieron ser hasta 400.

Más de cinco décadas después, las demandas se mantienen y a los pedidos de juicio a los genocidas de la matanza del 68, se le suman «no la militarización» y «alto a la impunidad». «Manifestamos una enfática oposición a que el Ejército continúe con las labores de seguridad pública», se pronunció el organismo en un discurso leído en la plaza principal del Zócalo, frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal y residencia presidencial, informó la agencia de noticias Sputnik.

Justicia para la Masacre de Tlatelolco

Sobrevivientes de la masacre respaldados por sindicatos y organizaciones populares sumaron unos 5.000 manifestantes, que recorrieron las calles de la capital mexicana, desde la emblemática Plaza Tlatelolco. «No le hacemos el juego a la derecha ni a nadie, somos consistentes en insistir en que el Ejército mexicano ha cometido de manera reiterada y sistemática graves violaciones a los derechos humanos», señala el mensaje a 54 años de la matanza que marcó el comienzo de la larga transición mexicana a la democracia.

El comité de 1968 con camisetas estampadas con una paloma blanca estilizada sobre fondo rojo y negro portó una larga manta blanca al frente de la manifestación, que tenía escrita en letras rojas la consigna «Justicia ya» y en negro: «No a la militarización, no a la impunidad». Un manifiesto leído en el Zócalo sostiene que «la lucha histórica es contra la impunidad (…) mientras los nombres y cargos de los perpetradores siguen ahí».

Los herederos de aquellas batallas callejeras juveniles denunciaron que «la persecución, la detención extra judicial, la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la violación y la ejecución, son el común denominador en la larga lista de agravios contra el pueblo mexicano». Lamentaron que la Fiscalía General clasificó como confidencial, por cinco años, la información sobre 450 investigaciones judiciales que comenzó la Fiscalía Especial para Movimiento Sociales y Políticos del Pasado, creada en 2002.

Esa medida «pretende lapidar el acceso a la justicia para más de 500 desaparecidos por motivos políticos», y de cientos de muertes del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, «crímenes cometidos durante el periodo de contrainsurgencia conocido como Guerra Sucia». Las protestas permanentes permitieron procesar, sentenciar y llevar al entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, recién fallecido (1922-2022), a prisión domiciliaria por casi tres años, pero un juez le otorgó un amparo y la impunidad continúa.

La Matanza del 2 de octubre es un episodio en la historia mexicana ocurrido el 2 de octubre de 1968 durante una manifestación llevada a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en el contexto de luchas estudiantiles que habían estallado el 22 de julio de 1968 debido a la represión de estudiantes por parte de las fuerzas policiacas del Distrito Federal y de elementos militares del Ejército mexicano. Los asistentes al mitin fueron atacados por elementos del ejército mexicano y miembros del grupo paramilitar denominado “Batallón Olimpia”, que -según se supo en el marco de la investigación posterior- estaba conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial.

Días después del ataque, el Gobierno y los medios de comunicación en México afirmaron que las fuerzas gubernamentales habían sido provocadas por los manifestantes que les disparaban, pero documentos oficiales publicados desde el año 2000 sugieren que los tiradores habían sido empleados por el Gobierno.