Eran tiempos de revueltas populares en todo el mundo. Había ocurrido el Mayo Francés, la guerra de Vietnam estaba en el candelero y levantaba protestas a lo largo del planeta, la Revolución Cubana estaba por cumplir diez años y también se vivía en plena Guerra Fría. Pero México había iniciado el año a toda máquina. La capital del país había sido nominada sede de los Juegos Olímpicos de 1968 tras ganar la compulsa contra Detroit, Lyon y Buenos Aires y el gobierno mexicano estaba listo para mostrar que era la potencia del futuro en Latinoamérica. Los dos posibles contendientes para ese galardón, Brasil y argentina, estaban sumidos en dictaduras y México, después de todo, podía exhibir una continuidad legal envidiable para la región, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su momento de mayor esplendor desde 1929. Pero algo no estaba bien.

Los estudiantes reclamaban mayores libértateles y una democracia más amplia para la nación. Varias manifestaciones masivas habían alertado al presidente Gustavo Díaz Ordaz de que los universitarios podrían aguarle la fiesta olímpica. Peor, los informes de los servicios de inteligencia le marcaban que los chicos eran llevados de la mano por dirigentes afines a Cuba, la Unión Soviética, la China de Mao y quién sabe cuántos otros ejes del mal.

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Faltaban diez días para que la antorcha olímpica llegara a México DF en la mano por primera vez de una mujer, la atleta Enriqueta Basilio. Díaz Ordaz, un abogado al que no le temblaba el pulso para ordenar las más feroces medidas represivas -amparado en que el PRI decidía a su antojo por la falta de una oposición real y efectiva-, pareció tener sin embargo un gesto conciliador y el 2 de octubre de 1968 mantuvo un encuentro con representantes estudiantiles.

En la Plaza de las Tres Culturas, del barrio de Tlatelolco, una multitud de estudiantes se estaban manifestando pacíficamente y a la espera de lo que el presidente fuera a decirles a sus delegados. Los líderes del Consejo Nacional de Huelga mantenían presión sobre el gobierno desde hacía por lo menos dos meses. Una quincena antes de ese fatídico 2 de octubre, tropas del Ejército habían ocupado la sede de la Universidad Autónoma de México (UNAM) deteniendo a estudiantes y en el Zócalo, la plaza central de la ciudad, se habían juntado 200 mil jóvenes para expresar su repudio. A la protesta estudiantil se habían sumado los gremios de los ferroviarios, que también tenían sus propias demandas al gobierno.

En Tlatelolco, en tanto, eran muchos menos los jóvenes que escuchaban los discursos de sus representantes, tal vez 10 mil, no demasiados más. De pronto desde un helicóptero se lanzaron bengalas verdes que iluminaron el cielo y comenzó una balacera terrible. La plaza esta rodeada de edificios tipo monoblock y desde los pisos altos lo que se vio a continuación fue confusión. La reconstrucción posterior indica que las bengalas eran la señal de inicio de una feroz represión por parte de tropas del Ejército, que estaban apostados en las cercanías con tanquetas y fuertemente pertrechados.

Pero al mismo tiempo que los militares comenzaban un indiscriminado tiroteo, había efectivos de la Dirección Federal de Seguridad y de un grupo parapolicial llamado Brigada Blanca, que iban de civil y se identificaban por un guante blanco en una de sus manos, que también disparaban. De pronto ninguno de ellos sabía cuál era el objetivo sobre el que abrir fuego.

La estrategia del gobierno era provocar una estampida y que en la confusión el caso pudiera mostrarse como «incidentes entre estudiantes». De pronto desde el edificio Chihuahua, el más emblemático del vecindario, francotiradores completaron el caos disparando a mansalva con ametralladoras. Decenas de cuerpos se fueron apilando, entre regueros de sangre, mientras la multitud trataba de dispersarse, huyendo de la masacre.

A 50 años de aquellos hechos, Jesús Fonseca, fotoperiodista del diario El Universal, le contó a la agencia AFP que cuando fue por la redacción a preguntar por qué no habían sido publicadas las fotos que había obtenido, le dijeron que agentes del gobierno se habían llevado todo. «¡Cinco rollos se llevaron!», exclamó.

Nidia Marin, que también era reportera, pero de la edición vespertina de ese medio, dijo a su turno quelos diarios «no te publicaban o te publicaban lo que querían. Si había violencia o sangre, nada, a menos que fuera entre estudiantes».

Al otro día, los diarios publicaron, en notas sin firma, que se habían registrado una veintena de muertos, que los responsables habían sido terroristas y que intentaban boicotear los Juegos Olímpicos.

La cifra de muertos nunca pudo ser verificada, porque los testimonios que afloraron más tarde indicaban que iban apilando los cuerpos en camiones y se los llevaban. Un corresponsal del diario británico The Guardian computó 325 muertos. Una investigación de la revista Proceso, según testimonia la agencia Sputnik, identifica 78 muertos, 44 de ellos en la plaza, pero además hubo 31 desaparecidos, 186 heridos y casi 1500 detenidos.

Los archivos del gobierno nunca fueron desclasificados. Un documento de la embajada estadounidense en México reportó ese día que había unos 50 cuerpos pero revela que el número de muertos estaría cerca de los 200. Lo interesante que a pesar de la paranoia anticomunista, para el analista de la CIA que participó del informe, «las protestas estudiantiles estallaron por políticas locales y no fueron planeadas por cubanos o soviéticos».

El que fuera ministro de Gobierno de Díaz Ordaz. Luís Echeverría, el responsable político de las fuerzas que intervinieron, dijo en su momento que él no tenía nada que ver con la represión. Que se enteró por teléfono, que el presidente no le había anunciado nada. Dos años más tarde, dentro del régimen imperante en la democracia mexicana de entonces, fue elegido sucesor de Díaz Ordaz y gobernó el país entre 1970 y 1976.Recién en 2002 echeverría fue llevado a un estrado judicial en un juicio por genocidio. Fue a raíz de la investigación ordenada por el presidente Vicente Fox mediante una Comisión de Nacional de los Derechos Humanos que investigó también la masacre de Corpus, en 1971, otra matanza de 30 estudiantes el día de Corpus Christi de aquel año cometida por un grupo parapolicial, Los Halcones.

Echeverría zafó de la cárcel en 2002 por un amparo judicial, en 2005 otro juez le dio el beneficio de la prisión domiciliaria por la masacre de Tlatelolco debido a su estado de salud y su edad (tenía 83 años) pero terminó absuelto porque para un tribunal, el delito había prescripto. En una nueva voltereta judicial, otro magistrado le decretó en 2006 un auto de prisión por genocidio en torno de ambas matanzas, pero en marzo de 2007 un tribunal federal le concedió la suspensión definitiva del auto. Dos años más tarde, otro estamento de la Justicia decretó la libertad absoluta del ex presidente y terminó exonerado del cargo de genocidio.

El ex agente de la CIA Philip B. Agee reveló en un libro que tanto Echeverría como Díaz Ordaz habían sido colaboradores de la «compañía». Díaz Ordaz murió en 1979. Echeverría todavía vive.

El 27 de setiembre de 2014, 43 estudiantes de una escuela normal de Ayotzinapa, a unos 300 kilómetros de México DF, fueron desaparecidos por fuerzas parapoliciales. Fueron secuestrados cuando se disponían a marchar hacia la capital del país para recordar la masacre de Tlateloclo y nunca mas se supo de ellos. A pesar de los años transcurridos desde ese 2 de octubre, los estudiantes siguen siendo un enemigo interno temible para el poder en México.

Este martes, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo un homenaje a la víctimas de la Plaza de las Tres Culturas y prometió que en su gobierno no habrá represión. Muchos vieron su llegada al Palacio de los Pinos como la coronación de una lucha que se enlaza directamente con aquel reclamo estudiantil.