La dirigente social será juzgada por el acampe que encabezó en el mes de diciembre en la Plaza Belgrano de Jujuy.
El proceso que se le sigue a Sala por instigación a cometer delitos y tumultos en la vía pública se desarrollará en el juzgado ubicado en Avenida Fascio 650, 1 piso y estará a cargo del juez Matías Ustarez Carrillo, designado en el cargo en forma directa por Gerardo Morales desde el 1 de enero.
En un comunicado la organización que lidera Sala señaló: El secretario de Relaciones Internacionales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, Fernando Acosta; José del Frari, secretario general de ADIUNJU; Anabel Yaciancia, de ATE Jujuy y el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz y diputado nacional mandato cumplido, Horacio Pietragalla se presentarán como testigos por parte de la Tupac Amaru para defender el derecho a la manifestación social que pretende criminalizar el gobierno jujeño a partir de este juicio.
La organización recordó en el texto que desde el 14 de diciembre de 2015 hasta el 2 de febrero de 2016, la Red de Organizaciones Sociales realizó un acampe pacífico en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, para reclamar al gobierno provincial la apertura de una instancia de diálogo que había solicitado de manera formal en dos oportunidades desde que Gerardo Morales ganó las elecciones y que en ninguno de los pedidos había recibido respuestas.
«Estaban en juego 20 mil puestos de trabajo. Ariel Ruarte, integrante del equipo de abogados defensores de Milagro Sala y diputado provincial explicó: El derecho a la libre expresión, de petición a las autoridades y de reunión son de indiscutido rango constitucional. Los manifestantes, como último recurso para amplificar su pedido de diálogo con el gobierno provincial que fue desoído en reiteradas oportunidades, llevaron adelante una manifestación pacífica que consistió en la ocupación del espacio público en la Plaza Belgrano sin exclusión de la posibilidad de tránsito de los otros ciudadanos, puesto que había vías alternativas.
Para Ruarte, la manifestación constituyó un uso tan legítimo del espacio público como lo son las actividades comerciales o el tráfico de vehículos y personas. Por otra parte, esa manifestación amplifica una petición inserta el derecho también de índole constitucional- de no exclusión de una vida digna. La Red de Organizaciones Sociales no tomó una plaza ajena, sino que la plaza le pertenece hace más de 500 años, afirmó. En ese marco Ruarte indicó, en referencia a la embestida del gobierno provincial contra los reclamos populares, que el triunfo electoral no implica la negación de las opiniones contrarias. Esto no es una guerra, acá hay disidentes no enemigos.
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