Nunca más nuestra ciudad será su herramienta represiva

Así como la última dictadura cívico militar vino a imponer una nueva organización social y económica signada por la desaparición y el endeudamiento externo, las nuevas derechas buscan imponer un régimen con rasgos fascistas, inédito en 42 años de democracia.

La Ciudad de Buenos Aires conserva aún un núcleo autoritario que sirve como escenario para un despliegue represivo que intenta aplastar con golpes y gases el derecho constitucional a la protesta y pone en riesgo la vida de quienes se manifiestan. De hecho, a pocas horas del 24 de marzo, todavía estamos en vilo por la salud de Pablo Grillo, fotógrafo reprimido brutalmente el 12 de marzo en la manifestación de los jubiladxs. La experiencia de los movimientos de Derechos Humanos nos permite entender esta violencia estatal como una estrategia estructural y no como una forma de violencia aislada.

El actual escenario represivo cobra especial dimensión en un momento donde se avanza hacia un nuevo endeudamiento del país.

Un diseño urbano represivo

La Ciudad de Buenos Aires fue una pieza clave en el proyecto de exterminio político y de destrucción del tejido social y productivo del país que llevó adelante el terrorismo de Estado en Argentina. El Brigadier Osvaldo Cacciatore —intendente de facto en la ciudad entre 1972 y 1982— reconfiguró la espacialidad urbana desde la lógica de un modelo represivo que articulaba una red de centros clandestinos, con la circulación privada y el encierro doméstico.

La Ley de Normalización de Locaciones Urbanas, sancionada en 1976, estableció la liberación de los precios de los alquileres, desanudándolos de la regulación estatal. Al mismo tiempo, en el marco de las políticas económicas del entonces ministro Martínez de Hoz, se llevó a cabo una dolarización de la venta de inmuebles, que perdura hasta el día de hoy, y reorientó la vivienda, el suelo y la ciudad hacia una lógica financiera. Se abandonó la idea de la ciudad como un derecho y comenzó un proceso de gentrificación, encarecimiento del suelo y la vivienda, de expulsión de sus habitantes y de fomento al desarrollo inmobiliario privado. Se pensó una ciudad con un tipo de circulación privada que, vía la construcción de nuevas autopistas, financiada con deuda externa y denunciada por el pago de sobreprecios, cortaron barrios por la mitad y dejaron heridas que aún se pueden ver.

Casi medio millón de inquilinos se declararon insolventes. Muchos de ellos debieron migrar hacia el conurbano, mientras que otros pasaron a superpoblar los “hoteles” y “pensiones” capitalinos. Entre 1975 y 1985, casi 120 mil personas abandonaron la Ciudad o fueron forzadas a hacerlo a través de desalojos militarizados. Para 1980, el 16 por ciento de las viviendas de CABA se encontraban desocupadas, según los datos del censo nacional.

Cacciatore, heredero de la vieja tradición higienista del país, tenía por objetivo “limpiar” la Ciudad de los pobladores de barrios populares y migrantes de países vecinos. Así como en la Edad Media se evacuaba de la ciudad a quienes portaban determinadas enfermedades, ahora había que evacuar hacia la periferia a estos “residuos sociales”. Para ello, la Comisión Municipal de la Vivienda a cargo de Guillermo Del Cioppo llevó adelante el enorme Plan de Erradicación que consistió en un desalojo masivo y violento de varios barrios populares.

Estos sectores de la ciudadanía porteña fueron trasladados a la provincia de Buenos Aires y los extranjeros deportados a sus países de origen. En el documento oficial denominado Operaciones contra la subversión urbana, esta estrategia de “purificación de la Ciudad” se presentaba como una cuestión de seguridad, refiriéndose a estas zonas como “los lugares favorables para el ocultamiento y/o actuación del enemigo (villas de emergencia, universidades, fábricas, sectores no urbanizados) (…) aptos por el hacinamiento de una gran masa de población proclive al resentimiento y a la insatisfacción”.

Nunca más el miedo y el silencio

La Ciudad de Buenos Aires fue el epicentro del terrorismo de Estado y tanto el Ejército, como la Marina y la Aeronáutica mantuvieron sus propios territorios de poder a través del control de distintos centros clandestinos de detención que se ubicaron bajo su órbita.

Estos centros de tortura fueron pilares fundamentales de estas políticas de exterminio. Al momento, se han identificado más de 800 sitios en todo el país, de los cuales 55 se ubican en la Ciudad de Buenos Aires (mapa). Estos espacios fueron recuperados durante la democracia para el resguardo de la memoria colectiva y la lucha por la verdad y la justicia.

Sin embargo, en los últimos tiempos, la proliferación de discursos negacionistas, favorables a las políticas represivas, puso en riesgo su existencia y se convirtieron en el blanco de las políticas de vaciamiento y persecución del gobierno actual. Se desfinanciaron los sitios de memoria en todo el país y la mitad de la planta de trabajadores y trabajadoras de los ocho sitios que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fueron despedidos. En paralelo, se desmanteló el área del Ministerio de Defensa que investigaba material desclasificado de las Fuerzas Armadas, se cerró la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, que funcionaba en la ex Agencia Federal de Inteligencia y la Comisión encargada de la investigación de niños desaparecidos en la última dictadura (CoNaDi), entre otras medidas que buscan garantizar la impunidad.

Desde Movida Ciudad queremos transformar la ciudad para que deje de ser aquella ciudad proyectada desde el terror y para algunos pocos, y nos organizamos para aportar a una alternativa para todes, todas y todos.

* Movida Ciudad es un espacio político que quiere transformar la Ciudad de Buenos Aires. Es una apuesta colectiva por una ciudad más justa, feminista popular y diversa.