La convocatoria es para las 9 de la mañana. Se trata de una clase pública titulada "CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare".
La convocatoria de la militancia a las 9 en las afueras del edificio de Comodoro Py 2002 se trata de una clase pública titulada «CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare«.
La actividad estará a cargo del abogado y docente Juan Grabois; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; la periodista y política brasileña Manuela Dávila, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, Anabella Luccardi, se informó en un comunicado.
«La iniciativa, cuya convocatoria es abierta y se espera la participación de cientos de jóvenes estudiantes, busca visibilizar la persecución contra la expresidenta y denunciar, a través de la docencia, los procesos judiciales espurios que consolidarán la proscripción de Cristina ya anunciada en medios de comunicación», indicaron los organizadores.
Y señalaron que «en Argentina hay sectores que no aceptan las reglas el juego del régimen democrático y quieren afuera del tablero político a una de las líderes más importantes de la historia argentina».
«Esos sectores tienen voceros masivos de comunicación que anticipan fallos condenatorios en sus portadas como hizo La Nación y como, tiempo atrás, publicó Clarín con ‘La bala que no salió y el falló que sí saldrá'», expresó Mena.
Para el funcionario, hay una «articulación manifiesta entre grupos de medios, Poder Ejecutivo nacional y un sector concentrado de la Justicia, que no es otra cosa que una impunidad sin límites que tiene rehén a la democracia y a los argentinos. Los mismos que fogonean el odio son los que también gatillan sentencias como estas».
En la red social X, Grabois escribió por su parte que «la mafia judicial va a ofrecer otro ejemplo de Lawfare, en este caso y otra vez sopa, contra Cristina».
El próximo miércoles la sala IV de la Cámara Federal de Casación leerá su decisión en relación a si confirma o modifica el veredicto emitido en un juicio oral donde se ventiló la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, y en el marco del cual se condenó a la expresidenta.
Al respecto, la fiscalía había pedido elevar la pena a 12 años de cárcel al sumar el delito de asociación ilícita, ya que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó por «administración fraudulenta» a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa de la expresidenta reclama la absolución y la decisión será de los camaristas Mariano Borinsky (de estrecho vínculo personal con Mauricio Macri), Gustavo Hornos (denunciado por su pareja por abuso sexual y amenazas) y Diego Barroetaveña (vinculado también a Macri).
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